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siniestro ferroviario con 80 muertos

Reabierta la investigación del Alvia por los fallos de la vía

Un informe pericial estima que cada dos años se podría dar un accidente similar

 

MANUEL VILASERÓ
28/05/2016

La Audiencia Provincial de A Coruña ordena en un contundente auto reabrir la instrucción del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela para aclarar si el gestor de la infraestructura, Adif, evaluó correctamente el riesgo que comportaba la curva de Angrois, donde se dio el siniestro. Con la decisión, la Audiencia corrige al juez Andrés Lago Louro, que cerró el sumario con el maquinista como único acusado del accidente que el 24 de julio del 2013 se cobró la vida de 80 personas y causó más de centenar y medio de heridos.

El auto se produce después de tres años de diligencias y de que la misma Audiencia revocara por dos veces la decisión del primer juez que instruyó la causa de imputar a varios directivos de Adif. Responsables que ahora podrían acabar en el banquillo tras varios recursos de apelación, entre ellos los de los representantes de las víctimas y del maquinista.

RIESGO DEMASIADO ELEVADO // Los magistrados parecen dar la razón a las víctimas cuando sostienen que algunos de los informes periciales revelan la existencia de indicios de que en la curva en la que el tren descarriló se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría impuesto su minoración o eliminación. “Se han producido en la evaluación del riesgo deficiencias técnicas que han determinado que se autorizara la circulación de trenes sin adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de error humano”, dicen.

El auto añade que “existen indicios de que el método aplicado por Adif, tanto como pauta general como en el caso, presenta carencias que determinaron que no se apreciara el riesgo realmente existente y que se transfiriera o exportara al personal de Renfe sin evaluarlo ni adoptar medidas para comprobar que el riesgo se mantenía en niveles tolerables”.

Los jueces muestran su sorpresa ante una de las conclusiones de un informe pericial, el de Frans Heijnen, designado a propuesta de la aseguradora de Renfe, QBE. Este estimaba en una cada dos años la probabilidad de que se produjera una catástrofe como la acontecida. Una probabilidad de descarrilamiento que de ser cierta, dicen los jueces, “causa estupor desde lo que cualquier ciudadano consideraría esperable”.

La sala acuerda retrotraer la causa a la fase de diligencias previas y ordena la ratificación y aclaración de dos informes periciales, así como de las pruebas que se consideren necesarias.

Otra cuestión que el auto considera necesario aclarar es si es cierto, como afirma también el perito Heijnen, que “existía un consenso entre los técnicos sobre la necesidad” de instalar sistemas automáticos de protección. H