Fotolog, la primera red social de fotografía, fundada en mayo del 2002, cerró el pasado 4 de enero sin previo aviso a los más de 33,5 millones de clientes que decía tener registrados en su base de datos. Algunos tenían cuentas premium y supuestamente pagaban o habían pagado una suscripción mensual por utilizar este servicio con ciertos plus, aunque la gran mayoría eran cuentas gratuitas, con funciones limitadas. Tras varios meses con quejas de usuarios para acceder al servicio, la web ya no está operativa y sus apps ya habían sido retiradas de las tiendas móviles sin más explicaciones. Lo peor es que, según sus términos de uso, podían hacerlo y estaban en todo su derecho.

Ha sido el último caso de una práctica avalada por unas condiciones de uso a las que el próximo reglamento europeo de protección de datos quiere poner coto: que las empresas de servicios en internet no puedan cerrar sin aviso previo ni ceder datos o material de los usuarios a otras compañías sin consentimiento de estos mismos. Y que los usuarios sean siempre los dueños de su propia información y puedan revocarla o borrarla cuando deseen, con aceptaciones de consentimiento que les exijan acciones.

Muchas son las perlas que se cuelan en las condiciones de uso, políticas de privacidad y demás, que son en principio el contrato por el que un usuario suscribe un servicio y que nadie, o casi nadie, se suele molestar en leer. Si se revisan, se encuentra, por ejemplo, que las cuentas no son heredables ni transferibles (válido para la biblioteca de música y libros de Amazon y Apple), que los servicios de almacenamiento pueden cerrar sin previo aviso (Dropbox), que existen webs que cambian el nombre del usuario sin tener que avisarle antes (Vine) o servicios de copias de seguridad que no garantizan que los datos no estén corrompidos o no puedan usarse (Apple), denuncia Jorge Morell, abogado de Abanlex y creador del blog Terminosycondiciones.es, que lleva años comparando las distintas versiones de los contratos de las empresas de internet con sus clientes.

Los juegos online, además, no permiten a los usuarios exportar nada de lo que hacen dentro de la plataforma. El último caso ha sido el popular Minecraft, que ha cambiado sus términos legales para decir que cualquier contenido que publiques lo haces de forma “mundial e indefinida” y que de allí no sale por nada ni por nadie del mundo.

DERECHOS MORALES // Ya no se trata únicamente de los datos personales de los usuarios sino también, en muchos de los casos, de contenidos subidos por ellos como fotos o vídeos, que pasan a considerarse activos de la empresa. “Aunque en general, todas las empresas de internet dicen que el contenido es propiedad del usuario, las condiciones en las que se administra son tan amplias que estos derechos personales se diluyen”, señala Morell.

“Una red social, ¿qué tiene? El software, los usuarios y, si los hay, contenidos. Nada más. Y eso es lo que se vende”, dice José Domecq, responsable en España de Tradespotting y exresponsable de Mipasado.com, una de las primeras webs que explotaban los vínculos con antiguos compañeros de clase. Lo que no es posible, recuerda Domecq, es fragmentar ese contenido. “No se pueden vender las bases de datos. En todo caso, se vende la empresa”, señala.

Esta condición, sin embargo, hay que notificarla a los usuarios del servicio con las nuevas condiciones de uso que se han implantado, coinciden los abogados. “Hay que pedir consentimiento a los usuarios cuando se cambian las condiciones de uso, porque el nuevo dueño puede querer destinarlo a otro fin”, afirma Morell.

Y es que a veces, las redes sociales y sus términos de uso pueden ser un arma de doble filo. H