El Gobierno aprobó ayer una batería de medidas para reducir los trámites administrativos y agilizar la contratación de personal en los centros de investigación y las universidades españolas, evitar los retrasos en las convocatorias y mejorar la igualdad, tras las duras críticas recibidas en los últimos años. La aprobación de estas medidas, «muy esperadas» por los científicos desde hace años, «darán impulso» al sistema de I+D+i y a las universidades, que llevan años soportando una «paupérrima situación», avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Estas medidas, que según Calvo son «pocas pero muy importantes», están agrupadas en un decreto ley que conllevará una decena de cambios legislativos en normativas y leyes y que permitirán a los investigadores centrarse en su trabajo, competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador, apuntó el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Para reducir la elevada carga burocrática, el real decreto elimina la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), una norma impuesta en el 2014 que lastraba el funcionamiento de estos organismos y que incluso hacía que estos organismos perdieran convocatorias a proyectos europeos.