El Gobierno llevará la próxima semana al Consejo de Ministros la reforma de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, que incluirá, entre otras medidas, la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores y la consideración de víctimas a las madres de niños asesinados.
Así lo anunció la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordoñez, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, en la que desgranó la partida que los presupuestos generales del Estado dedican a esta lucha para 2018, que sube a 408 millones, «la mayor de la historia».
Sin especificar ninguna, Ordóñez aseguró que se tratará de un «paquete de medidas importante dentro de la reforma» de una ley, que, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, iniciará su tramitación parlamentaria.
