El Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado desde el 2004 por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha reflejado en su último balance, dado a conocer ayer, un exceso del número de fallecidos en España, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, de más de 43.000 personas, lo que supone un porcentaje del 55%. Como es lógico, buena parte de esas muertes lo integran las más de 27.000 atribuidas oficialmente al coronavirus.

Las 16.000 restantes (hasta las 43.000) serían atribuibles o bien a casos de covid-19 no diagnosticados o bien a otras patologías, en las que en cualquier caso también pudo influir el virus; por ejemplo, al retrasar el desplazamiento a urgencias por temor al contagio. El MoMo, que se nutre de los datos incorporados por los registros civiles a través de su aplicación Inforeg, refleja que en los momentos más crudos de la pandemia se observaron un total de 120.851 fallecidos, cuando la cifra que se estimaba que se produciría era de 77.817. La diferencia asciende en concreto a 43.034 personas, de las que 20.890 fueron hombres y 20.638, mujeres.

En esos dos meses han fallecido 91.879 mayores de 74 años de edad, el colectivo más afectado por la diferencia entre las muertes esperadas, que eran 56.340, y las que acabaron produciéndose.

El aumento en el número de fallecimientos se ha disparado en esta última estadística que se ha conocido por la puesta al día de los registros civiles, que han vivido momentos de un importante colapso por el notable incremento de muertes registrado durante los días más duros de la pandemia. A esa circunstancia también se sumó que el número de funcionarios que acudían a trabajar presencialmente era sensiblemente menor al habitual, Fuentes de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en la que se enmarca el Registro Civil, indican que en sus datos no figura la causa de la muerte desde los años 90, cuando se procedió a retirar esa información para evitar estigmatizar a los fallecidos, y que serán los epidemiólogos y expertos del Instituto Nacional de Estadística los que determinen finalmente qué parte del exceso puede atribuirse directamente al covid-19.