Los condenados en España por delitos sexuales no podrán realizar actividades, trabajos o voluntariado en los que estén en contacto con menores, tras la entrada en vigor este martes del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, destacó ayer en Murcia que el registro es una iniciativa “bastante razonable” que sirve de protección a los menores y que va en consonancia con la Ley de Protección a la Infancia. Al respecto, señaló que no solo las relacionadas con los menores, sino que cualquier persona que haya tenido una condena de este tipo constará específicamente en el citado registro.
El registro incluirá los datos identificativos y el perfil genético de los condenados por delitos sexuales en España, entre ellos, agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción menores.
De hecho, la persona que pretenda trabajar con menores deberá presentar un certificado que acredite que no está incluida en dicho registro, como por ejemplo sucederá con los profesores, quienes no podrán tener antecedentes penales por delitos sexuales para ejercer la docencia.
El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito sexual, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima o del condenado.
Pero también incorporará el ADN del condenado cuando lo establezca una resolución judicial, con el fin de dar seguimiento y control a estos delincuentes dentro y fuera de España, así como las penas y medidas impuestas contra estos delincuentes.
LAS REACCIONES // La Organización Médico Colegial (OMC) advirtió ayer de que la implantación entre los profesionales sanitarios del registro de delincuentes sexuales “pone bajo sospecha” a estos sanitarios y arriesga su reputación “de forma inútil”.
En un comunicado, la OMC pide que se ponderen los riesgos-beneficios que se derivan de “poner bajo sospecha” a todos los profesionales sanitarios.
“Siendo el riesgo de que se produzcan estas conductas realmente muy bajo, el beneficio de esta medida es más que dudoso, por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados y están fuera de la práctica profesional”, ha advertido la OMC. H
