Tres días después del hundimiento parcial del puente Morandi de Génova, con 38 muertos y alrededor de 20 desaparecidos, ayer irrumpió con fuerza la polémica cruzada entre el Gobierno italiano, la concesionaria de la autopista (Autostrade, filial de Atlantia), la Unión Europea y los anteriores ejecutivos progresistas italianos. Una pugna en medio de justificaciones y búsqueda de responsables de la tragedia.

«Benetton (accionista mayoritario de Atlantia, concesionaria del puente) no nos financiaba campañas electorales», afirmó Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno, en referencia a las denuncias de los progresistas. Estos, en cambio, según Di Maio, habrían recibido ayudas a cambio de prorrogar la concesión. «O es un mentiroso o es un chacal», le rebatió el exprimer ministro del Partido Demócrata, Matteo Renzi.

INDEMNIZACIÓN MILLONARIA // «No pagaremos ninguna indemnización a Atlantia», sentenció Di Maio, respecto a los miles de millones (se habla de que la cifra podría alcanzar los 22.000) que el Estado debería pagar a la empresa si finalmente le retira la concesión de la autopista sin aportar una causa probada. «No esperaremos los plazos de la justicia», aseguró el primer ministro, Giuseppe Conte, en el sentido de que el Gobierno tiene decidido actuar sin esperar sentencia judicial alguna sobre el derrumbe.

«¿No son suficentes 38 muertos?», había preguntado Matteo Salvini, titular de Interior, justificando la posible retirada de la concesión. Precisamente Salvini está siendo objeto de feroces críticas por unas fotos, colgadas en las redes sociales, de una cena organizada en Sicilia, con casi 300 seguidores de la Liga, solo horas después del derrumbe. Salvini ha pedido a Autostrade, como gesto de buena voluntad, «la supresión de los peajes en los 3.000 kilómetros de autopistas».

Ayer, Atlantia permitió que las ambulancias y coches de bomberos no pagaran los peajes.

La Unión Europea ha respondido ya a la denuncia de varios miembros del Ejecutivo italiano que atribuyen a «las trabas burocráticas» y «las rectricciones presupuestarias (de la UE)» la falta de mantenimiento y la precariedad del puente. Christian Spahr, portavoz de la Comisión Europea, replicó con contundencia y datos: «Italia tiene para el periodo 2014-2020 unos 2.500 millones de euros como fondos europeos estructurales y de cohesión para hacer inversiones en la red de infraestructuras como carreteras y líneas ferroviarias». Spahr agregó: «Italia es la responsable del mantenimiento del puente derrumbado y disponía de fondos para ello», y recordó que «las normas fiscales europeas dan flexibilidad a los Estados para fijar las propias políticas específicas».