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INCENDIO DE SANTA FE

Residencia Santa Fe no se cerró al no haber 'peligro inminente' para personas

A pesar de no contar con licencia de actividad, el centro no fue cerrado. El incendio posterior acabó con la vida de 9 personas.

 

Residencia de Santa Fe. - EL PERIÓDICO / ARCHIVO

EFE
21/06/2017

Así lo ha asegurado hoy el actual secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez, durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra María del Carmen Alejandre, acusada de originar el fuego en la residencia el 11 de julio de 2015.

En el juicio se trata de dirimir también la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno de Aragón, en tanto en cuanto la residencia estuvo abierta desde 1996 y nunca obtuvo la licencia municipal de actividad por incumplir determinados requisitos urbanísticos.

A pesar de ello, se le concedió un informe favorable condicionado que fue revocado en 2012 tras varias inspecciones, que conllevaron tres sanciones, y que determinaron que no se habían subsanado las deficiencias detectadas.

Jiménez, que tomó posesión como secretario general técnico del departamento tres días después de producirse el incendio, ha considerado, a preguntas de los abogados, que "en principio" estas deficiencias no tendrían que haber llevado necesariamente al cierre de la residencia.

"Sólo se producen cierres cautelares cundo se ve que no hay peligro inminente para la seguridad de las personas, que no se vio en ningún momento en todas las inspecciones que se hicieron", ha precisado.

En cualquier caso, algunos de los abogados han llamado la atención sobre el hecho de que al carecer de licencia municipal de apertura, la residencia tampoco se había sometido a los informes sobre prevención y extinción de incendios.

Concepción Rincón, del servicio de intervención urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, ha explicado que en un primer momento se denegó la licencia de obras para el acondicionamiento del inmueble de cara a su conversión en residencia de ancianos al no tener la parcela los 10.000 metros cuadrados requeridos por la normativa urbanística para este tipo de servicios en el extrarradio de la ciudad.

Al no disponer de esta licencia, ni de la de instalación que en ese momento exigía también la normativa, ya no "hubo lugar" de solicitar los informes de bomberos, según Rincón.

A la pregunta de por qué se permitió no obstante la apertura, Rincón ha explicado que en ese momento la competencia sobre el control de la actividad ya recayó directamente en el Gobierno de Aragón.

Jiménez, por su parte, ha insistido en que la prevención de incendios en inmuebles y la instalación de equipos contra el fuego no es en ningún caso competencia autonómica.

Y ha defendido que sí se produjeron inspecciones de la actividad que allí se desarrollaba, que era, ha recordado, "cien por cien privada".

A pesar de que en la sesión del juicio de ayer la dueña de la residencia, María Isabel Domínguez, aseguró que tenía ocho plazas concertadas, Jiménez ha negado este extremo.

Ha reconocido que la residencia participó en el proceso de conciertos en 2010 y que aunque se le llegó a seleccionar, "no se le dio ninguna plaza".

También ha comparecido hoy como testigo la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que llevaba cinco días en el cargo cuando tuvo que enfrentarse, según ha dicho, "a la situación más dura que se puede tener".

Y por eso, aunque ha reconocido que pudo decir en ese momento que el Gobierno de Aragón que precedió al que de ella forma parte pudo haber cometido "dejación de funciones", ha restado importancia a esas declaraciones, que hizo en un momento "de muchos nervios" y sin partir "del análisis y estudio de los expedientes".

Antes de comenzar la sesión, en declaraciones a los medios, Broto ha hablado del plan de seguridad y de inspección en las residencias de mayores que el departamento puso en marcha poco después.

En el juicio, Jiménez ha desvinculado directamente este plan del suceso en la residencia: "no hay casualidad, estaba dentro de los objetivos estratégicos del departamento", ha indicado.

Broto ha dicho que a raíz de ese plan no se ha encontrado ninguna residencia con riesgo para los residentes, y ha precisado que han cerrado diecisiete desde el incendio de Santa Fe, pero muchas de ellas porque, como consecuencia de una sanción, los centros han preferido cerrar antes que subsanar las deficiencias para permanecer abiertas.