C ataluña se despertó ayer sin la habitual banda sonora cotidiana de las cafeteras de los bares, con las terrazas desmontadas y 44.000 persianas bajadas. Algunas abrirían más tarde para tratar de despachar lo que pudieran en formato para llevar ( take away ), desde cafés a bocadillos o platos en toda regla, pero con pocas esperanzas de que esa vía les permita la supervivencia.

La indignación del sector ante el cerrojazo de 15 días impuesto a la restauración por el Govern para tratar de frenar la pandemia se tradujo a mediodía en una concentración que llenó la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Un millar de afectados, desde empresarios hasta friegaplatos, de todos los colores políticos y nacionalidades, unían sus gritos por una misma causa: protestar contra la «criminalización» del sector, reclamar la marcha atrás de una medida que consideran «más política que sanitaria» y exigir ayudas de rescate efectivas. Los 40 millones de euros ofrecidos por la Generalitat catalana apenas cubren un 5% de los 780 millones de pérdidas que sumará el actual cierre, según estima Pimec.