La censura parental, también denominada pin parental, se ha convertido en el primer asunto de Estado del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. El veto que quieren aplicar algunos padres a determinadas actividades del ámbito educativo de los hijos, aprobada por la Región de Murcia, ha desembocado en un choque entre administraciones. La ministra de Educación, Isabel Celaá, dio ayer un mes de plazo al gobierno de Fernando López Miras (PP) para retirar la medida de Vox. Si no hay rectificación, el Gobierno central se plantea recurrir a los tribunales para derogar esta «intrusión en el sistema educativo».

Y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió anoche contra los partidos de derecha que apoyan semejante medida. «El veto parental lo saca la derecha para que no hablemos de los problemas reales de la ciudadanía», protestó Sánchez en una entrevista en TVE: «Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha. ¿Cuántos años lleva gobernando el PP en Murcia? Más de 20 años. ¿Han oído al PP hablar hasta ahora del veto parental? No. Lo hacen ahora porque gobierna el PSOE y porque la ultraderecha rompe consensos y arrastra a la derecha».

Por si la cosa no estuviera lo suficiente caldeada, el presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo ayer que su propuesta de pin parental se aplica para «defender» a los menores, entre otras cosas, del «adoctrinamiento en juegos eróticos». «Nosotros defendemos que los que tienen la patria potestad y la responsabilidad son los padres y también el derecho a elegir la educación de los hijos».

También Save the Children, siguiendo la polémica desde la barrera, defendió, a través de un comunicado, que la censura parental «vulnera el derecho de los niños y niñas a una formación integral. Según esta entidad, son «diversas las sentencias del Tribunal Supremo que han determinado que no existe derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos. «Las actividades complementarias, realizadas en horario lectivo, son parte del desarrollo del proyecto educativo y la programación fijada por el centro escolar para cumplir con sus objetivos», concluye.

IRONÍA CON EL 155 / La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ironizó ayer mismo con la posibilidad de aplicar el artículo 155 para impedir el pin parental en Murcia. En una entrevista en la Ser, y ante la posibilidad de que el conflicto por la censura parental no llegue a buen puerto, aseguró: «Sería el camino similar al de Cataluña, ¿no?, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos han machacado y ganado las elecciones en determinados sitios».