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EL INFORME DE LA VERGÜENZA

La ruta de la ONU por la España de la pobreza

"He visto barrios peores que un campo de refugiados", sentenció el relator de la Naciones Unidas, Philip Alston, tras su periplo por varias provincias. Este diario recorre algunos de aquellos barrios para conocer por qué le impactaron tanto

 

La ruta de la ONU por la España de la pobreza -

FOTO: JOSÉ LUIS ROCA
14/02/2020

Veinte páginas de terrible vergüenza. Esta podría ser la principal conclusión del informe que confeccionó el relator de la ONU sobre extrema pobreza, Philip Alston, tras su paso por España a inicios de febrero. El australiano, experto en derechos humanos, recorrió esas tierras que no sale en las guías turísticas. "Visité zonas que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, electricidad o saneamiento durante años. Barrios donde las familias crían niños sin servicios sociales, centros de salud, oficinas de empleo, comisarías, con calles sin asfaltar y casas pinchadas a la corriente eléctrica", detallaba en su análisis. Una visita que él mismo resolvió en un titular: España ha salido de la crisis gobernando para los ricos y olvidándose de los pobres.

Desde el 2014 el relator ha recorrido Chile, Rumanía, Mauritania, China, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido, Ghana, Laos y Malasia. A principios del 2019 decidió que su último viaje ocupando el cargo lo haría por uno de los países más prósperos de Europa. Ha estado un año entero recogiendo estadísticas, contactando con expertos y entidades sociales en España, consciente de que necesitaba también un baño de realidad. El experto visitó seis comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid. Pisó chabolas, aldeas, y barrios deprimidos.

Y el 7 de febrero, Alston emitió su veredicto. Las políticas sociales en este país están "quebradas", son "ineficientes", la pobreza no ha hecho más que aumentar y, todo ello ha sucedido "con el beneplácito de los gobernantes", sería el breve resumen de su experiencia. El texto apunta directamente a las políticas del PP durante los dos mandatos de Mariano Rajoy que, de momento, no han sido revertidas. Alston esperaba encontrarse un país donde el apoyo familiar resiste a la exclusión, pero hay zonas de España donde eso ya no existe. "La España de hoy necesita mirarse bien de cerca al espejo. La imagen de una sociedad familiar arraigada se ha fracturado por la crisis económica y las políticas neoliberales. Las redes familiares que habían sido históricamente importantes sirven para los acomodados, pero han sido socavadas para la mayoría. Hoy, España está en el fondo de la UE en demasiados indicadores sociales".

Los datos que aporta el informe son escalofriantes: la España poscrisis registra más pobreza y exclusión, más paro y más abandono escolar, mientras que los ricos cada vez tienen más dinero y pagan menos impuestos. ¿Hay alguien al mando? "El mensaje del nuevo Gobierno de coalición es bienvenido, pero hay que actuar y abandonar la retórica", expuso.

Las conclusiones del relator apuntan en varias direcciones. Habla de unos servicios sociales "colapsados por la burocracia", unas ayudas sociales insuficientes, como por ejemplo las pensiones no contributivas que no llegan a los 400 euros al mes. La segregación escolar copa gran parte del informe, en el que relata la injusticia de que haya familias que no puedan pagar los libros de texto de sus hijos. El sistema sanitario, uno de los mejor valorados, también recibe un bofetón cuando el relator menciona la pobreza farmacéutica, la ley que restringe el acceso de los inmigrantes y la privatización de servicios públicos donde el propio ministerio "no pudo decir cuánto se había privatizado y ni qué impacto había tenido". Como colectivos más vulnerables, Alston señala a las mujeres, especialmente a aquellas que han sufrido violencia de género y las que se dedican al trabajo doméstico. También dedica un importante espacio a las personas migrantes, "excluidas de cualquier ayuda", y a las de etnia romaní, donde las tasas de pobreza se disparan. "Los gobernantes admiten que la situación para muchos romanís es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptaron que partes enteras de la población han sido relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos que les corresponden".

Uno de los apartados más extensos que se dedica en el informe es el problema de la vivienda. "En España no hay casas baratas", concluye tras señalar la especulación inmobiliaria, el ingente número de desahucios y el aumento espectacular del precio del alquiler en los últimos años. También denuncia el drama de la pobreza energética, y el hecho de que "las familias tengan que decidir si comen o si ponen la calefacción". Por no hablar del problema de las personas sin hogar, la dificultad para empadronarse y el hecho de que los gobernantes, especialmente de las comunidades autónomas, no están afrontando el problema.

La gran solución que plantea el relator es acabar con el fraude fiscal, que el propio Gobierno no le supo cuantificar, acabar con las deducciones de impuestos de las rentas más altas, y abordar de forma urgente el tema de la vivienda. Más allá del plan nacional, que prevé construir 20.000 viviendas de protección social, el relator apuesta en intervenir el mercado del alquiler y regular los precios de las viviendas, de forma retroactiva. Señala también que la ley catalana contra la pobreza energética es "un paso en la buena dirección", y dicta que el Estado debería establecer una renta mínima a toda la población.

El que sigue es un recorrido por algunas de las zonas que visitó Alston para comprobar de primera mano la razón de sus preocupaciones.

Barcelona: sobrevivir sin luz ni calefacción, bajo amenaza de desahucio... o en barracas

Por Elisenda Colell

Es de noche, los niños cenan, pero no hay ninguna luz encendida. Solo el televisor. "En casa nos alumbramos con la tele, así ahorramos luz". Una imagen que habla por mil palabras. Es la historia de Ester, una madre sola de dos gemelos que, tras quedarse en el paro hace más de cinco años, ha "reducido gastos al mínimo" para poder seguir pagando la hipoteca. "No podía permitirme que nos desalojaran", expone.

Recortar gastos también le ha llevado a dejar de usar la calefacción en casa. "Vamos con mantas, y tengo suerte de que mis hijos son calurosos", dice con una sonrisa nerviosa. El termostato no funciona. ¿Has pensado en arreglarlo? "¿Y cómo pago la hipoteca? Prefiero que esté estropeado; así nos ahorramos dinero", responde.

Paloma, madre de dos niños y víctima de la pobreza energética. / JORDI COTRINA

Paloma, en cambio, tras quedarse en el paro, no pudo aguantar el precio de la vivienda y sí afrontó un desahucio. "Me subieron el alquiler, me quedé en el paro y no tenía dinero para pagar". Recuerda la "agonía" de las órdenes judiciales. Una realidad que en los últimos 13 años han tenido que afrontar más de 71.000 familias en España. "Tengo suerte que siendo madre sola pude acceder a un piso de alquiler social, no nos quedamos en la calle", expone. Aunque la calefacción y la luz también es un "lujo" para ella. Incluso la comida.

"A veces compramos salmón, pero normalmente mis hijos comen pescado gracias a las latas de conserva", explica.

Una vive en el Carmel, la otra en Sant Martí. Ambas, que coincidieron en la reunión con el relator de la ONU para exponerle la situación en Cataluña, residen en dos de los barrios más deprimidos de Barcelona. Pero además comparten otra realidad, la de ser madres solas. Este es, de hecho, uno de los colectivos que registra mayor tasa de pobreza en Cataluña. Uno de cada cinco catalanes está en riesgo de pobreza. En las familias con dos adultos el riesgo de exclusión afecta uno de cada cuatro, pero en el caso de las madres solas el porcentaje sube hasta la mitad de ellos.

"El problema es que no podemos aceptar muchos trabajos", explican. El motivo, ¿quién se hará cargo de los niños? ¿quién los irá a buscar a la escuela? "Yo no tengo a nadie que me pueda ayudar, y con una canguro nos arruinamos", relata Paloma. Ester ya no sueña en volver al mundo de teleoperadores, pero es que no ha podido optar tampoco a cajera de supermercado. "Con ese horario era imposible", expone. Su lucha diaria es la de poder pagar las facturas de la luz, los libros de los niños, las extraescolares o los casals de verano para que sus hijos tengan las mismas oportunidades de los demás.

Rafael, en cambio, no tuvo opción a mucho. Su drogadicción lo empujó a 13 años viviendo en la calle de Barcelona. "Yo tendría que estar muerto, no sé cómo he aguantado tantos años", señala. Su hogar fue la calle, los párkings y, cuando tuvo suerte, las casas ocupas. "La gente que está pinchada al corriente se está jugando la vida", explica. Son ya demasiadas las viviendas que se cuentan en el área metropolitana donde el cuarto de contadores esconden pinzas de madera que conectan cables de la luz, para no tener que pagarlos. Un riesgo latente que, de momento, ninguna administración sabe muy bien cómo abordar.

Barracas en la calle de Tànger con la avenida de la Meridiana. / JOAN MATEU PARRA
 

Otra realidad, bastante más insalubre, es la que viven más de 885 personas, de los cuales 200 son niños, en la Barcelona chabolista. Algunos pinchan la luz en las naves que ocupan. Otros no tienen ni eso. Es el caso de Mohamed, un joven senegalés que desde el pasado verano malvive en un asentamiento de la calle de Tànger, en el barrio del Poblenou. No hay luz, no hay agua, pero hay vida. Una vida precaria, infame, llena de miseria y escombros. "No se lo deseo ni a mi peor enemigo", reza el senegalés. A la hora de cenar, coge la bicicleta y la mochila de Glovo. "A trabajar".

La Cañada Real (Madrid): más de 100 campos de fútbol repletos de chatarra, droga y exclusión

Por Juan José Fernández

Entre las seis y las siete de la tarde se anima la calle central del Sector VI de la Cañada Real Galiana como si se tratara, antaño, del paseo de una capital de provincia, solo que, en vez de carruajes, vienen coches de drogadictos, las 'kundas', y en vez de recrujir de almidón traen los paseantes sobre sus cuerpos chándales y anoraks sudados.

Caminan además en trotecillo rápido, por los lados y con apuros, porque vienen en busca de su dosis.

Cada tarde, un escape de agua convierte la calle en rambla, ocultando enormes y cambiantes baches capaces de frenar a un furgón policial si se la diera por aparecer. Los flancos, que no aceras, se alumbran con hogueras prendidas en barriles metálicos, y detrás de cada fuego, a cinco euros el pellizco, narcos gitanos venden la heroína, la cocaína y la cruda (mezcla de ambas sin refino) para fumar.

Pero este tramo de la cañada real madrileña no es el que visitó el relator especial de la ONU para la pobreza y los derechos humanos para documentar su duro informe sobre España. Algunos que viven aquí no son pobres. Los trapicehadores aparcan audis a la puerta de la chabola, cuidada por los machacas, que hacen recados por un pico al día.

Alston acudió a otros sectores desoladores de la Cañada, como El Gallinero, donde se hacinan los zíngaros rumanos que por las mañanas dispersan en Madrid los furgones de la mendicidad organizada; y vio las chabolas sin agua de las callejuelas que dan a la antigua vía pecuaria, pero no este rincón infernal de España, un cerro de escombros y de plásticos voladores junto a la planta metanizadora del vertedero de Valdemingómez.

La Cañada Real de Madrid, uno de los barrios más duros que ha visto el relator de pobreza de la ONU, Philip Alston. Con los trapicheadores de droga conviven obreros precarios que tratan de salir adelante. / JOSÉ LUIS ROCA Y JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ

Hay tres barrios en una sola cañada verdadera. Además del S-VI, uno primero que se empezó a edificar en los años 40, con chabolistas españoles en eterna espera de papeles para sus parcelas; y otro segundo en el que peones, encofradores y otros albañiles marroquís han plantado sus pequeños cortijos, con sus manos y material sobrante de las obras; conocen el oficio.

En 14 kilómetros de cañada, 107 hectáreas de poblado, un vecindario de 7.000 españoles e inmigrantes de cuatro nacionalidades tratan de flotar, una buena parte a base de dignidad, en un océano de escombros salpicado de islas de basura que de vez en cuando entran en combustión emitiendo humo negro.

"No sé cuál es el horario del centro sociocomunitario, lo que sí sé es dónde hay coca mala y dónde coca buena", bromea Carlos, el lotero de la Cañada, sin administración ni permiso ni premio alguno en su haber, solo su sabiduría de veterano ludópata.

"No se cuál es el horario del centro comunitario, lo que sí sé es dónde hay coca mala y dónde coca buena", bromea Carlos

El centro -literalmente renacido de sus cenizas, pues ardió a causa del chispazo de un enganche ilegal a un poste de la luz- es hoy un complejo de chapa y aglomerado de madera en el que se reúnen las mujeres, debaten las juntas de vecinos, aconseja la Cruz Roja y ensaya una pequeña orquesta infantil.

Por sus alrededores se afanan por sus alrededores madres con hiyab pastoreando escolares del cercano colegio público Mario Benedetti, de vuelta a casa para comer una dieta de verduras de mercadillo, huevos y pollo; no hay pescado o ternera en el menú, y sí mucho dulce industrial, "bollo" lo llama Abdelaziz, vecino y paleta en paro.

Viven allí 3.000 niños. En los patios de los coles de Rivas, Vallecas y Vicálvaro les pesa el estigma de ser de la Cañada. El 40% son gitanos, y en una pequeña pero creciente porción futuros adultos de provecho, pues la Fundación Secretariado Gitano y otras organizaciones salvan lo que pueden del abandono escolar y la baja autoestima.

A falta de árboles y jardines, los vecinos más en pie han llenado de colores las tapias, rebelándose contra la tristeza. Les han ayudado los artistas grafiteros de Boa Mistura. Por kilómetros de paredes desfilan escritos los versos de la canción 'El alma no tiene color', de Antonio Carmona: "Yo soy de carne, no soy de hierro, soy corazón" Ahora, el vecindario anda empeñado en "conseguir que venga Correos", cuenta Cristina Cañada, coordinadora de la asociación Al Shorok. Sería un triunfo en un barrio sin bus y a kilómetros de la farmacia más cercana.

"Cañada Real es el fruto de una indecencia, el resultado de mirar para otro lado durante décadas", afirma Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada, un templo del Sector VI rodeado de tiendas de campaña en las que pernoctan los yonquis. El cura resume el contraste de este barrio: "Aquí se gestó una situación irregular que tiene su parte de luz, porque toda situación irregular puede mostrar las capacidades más asombrosas del ser humano".

Entre otras, el afecto solidario con que Mohamed, de 72 años, 30 en la cañada, acogió a su paisano Abdelaziz, de 34, cuando este perdió la casa en el terremoto de Alhucemas (2004) y se tuvo que venir a Madrid. "Aquí todo bien, como hermanos", dice el viejo. Cualquier vecino dirá que "todo bien" al extraño, con tal de no atraer a la excavadora que tira chabolas.

La renta mínima de inserción (RMI, "la remi" llaman los vecinos a sus 400 euros) llueve sobre el poblado, pero tan escasamente que la gitana placentina Dolores Martín, de 18 años y madre de un bebé de mirada enorme, relata: "De la cuenta de la compra para comida voy quitando un dinerillo y lo echo en un bote. Es para la leche del niño ¿sabe?" Dieciocho euros y medio le cuesta el bote de Almirón para una semana, y no le llega con la pensión de la abuela.

Y, sin embargo, hay en esa cañada quien se conforma. Un viejo llega hasta un montón de basura con un carrillo atado a una bicicleta. Es rumano. Rebusca entre las cajas, junto a una fogata. Se lleva una cámara pinchada de moto. De una bolsa que lleva detrás, de esas reciclables de hipermercado, sobresale la pezuña de un hueso de jamón; pelado, por supuesto.

- ¿Qué tal lo lleva, señor?

- Bueno: aquí se come; en Rumanía, no.

Aquí se come. En la parte alta del cerro del Sector VI, un barracón pegado a la iglesia alberga un "centro de reducción de daños" de la Comunidad de Madrid para los adictos a la droga. "Ahí se trata a los que ya nunca la dejarán. Al menos, reducir los daños", relata Teresa, monja carmelita vedruna, de la orden catalana que nació en Vic, y que, con Zulema, hija de la Caridad e Isabel, de la Compañía de María (en Cataluña, Lestonnac) cada día dan café, yogur, conversación y la posibilidad de una ducha a los drogadictos de alrededor del templo. Las tres les llaman "los vecinos", nunca yonquis.

Con las piernas flojas por las benzodiazepinas, algunos drogodependientes se acercan a una furgoneta de la sanidad madrileña, donde unos médicos y enfermeros les dan jeringuillas limpias y medicación sustitutiva. "Lo bueno de este trabajo es que te haces rico", bromea uno de ellos.

Al lado, el voluntario de la oenegé Madrid Positivo Steven Bany ayuda en el cribado de posibles enfermos de sida y hepatitis C. Impasible, resume el ciclo de la droga en el barrio: "Este es un sitio de paso: aquí la gente viene, se establece y muere".

Sevilla: analfabetismo y regreso a la Edad media en los barrios más pobres de España

Por Julia Camacho

La gran avenida que circunvala Sevilla por el este marca el mapa como una terrible cicatriz. A un lado, uno de los barrios más prósperos de la ciudad, con modernos centros comerciales, hoteles y estadios de fútbol de brillante purpurina roja. Al otro, la ajada fachada de modestos bloques de cuatro plantas que da paso a La Candelaria, Madre de Dios y Los Pajaritos, o Los Tres Barrios, la zona más pobre de España según todos los índices estadísticos y que ha llamado la atención del relator de la ONU, por el desamparo y la situación de exclusión en la que viven sus habitantes. "Esto es mucho peor que el Polígono Sur (las famosas Tres Mil Viviendas) porque allí al menos las casas son mas nuevas y están mejor que aquí", relata Fernando Armas, miembro de la plataforma cívica del barrio. Algo falla cuando la aspiración es tener siquiera las condiciones de habitabilidad de uno los barrios míticos de la marginalidad.

Muchos vecinos tratan de rehuir esa comparación. Pero los datos son tozudos y arrojan la sangrante realidad que acercan ambas zonas, como pudo comprobar sobre el terreno Alston. Según el último informe del INE (2017), Los Pajaritos encabezan el ránking de los barrios más pobres de España, con una renta media por hogar de 12.307 euros anuales. No se libra ningún indicador: el paro supera el 59%, y la tasa de analfabetismo y personas sin estudios ronda el 16%, con un 80% de estudiantes de secundaria que no completan los estudios. La precariedad se atrae porque no tiene cabida en otros sitios, y el porcentaje de inmigración ha aumentado en los últimos años hasta suponer el 10% del total en una zona donde el 58% de las viviendas está en pésimo mal estado. Todo el que prospera, dicen las oenegés, se va en cuanto puede, y esos pisos que quedan vacíos son ocupados por clanes de la droga que lo utilizan para trapicheos, añadiendo la tensión de los altercados y peleas constantes.

Los Pajaritos nació allá por la mitad del siglo XX como un barrio obrero y de aluvión en la entonces periferia de la ciudad. El primer sitio donde paraban muchos recién llegados a Sevilla para labrarse un futuro: pisos pequeños, muchos de ellos de titularidad pública, de poco más de 30 metros cuadrados en bloques sin ascensor, construidos sin ningún tipo de planificación e infraestructuras mínimas y donde los servicios básicos se capeaban como se podía. Pero tras el cierre en los 70 de la fábrica de las inmediaciones, que daba empleo a muchos de los vecinos, el barrio inició una espiral de degradación a ritmo vertiginoso que aún continúa, porque las sucesivas crisis se han ido cebando en sus cerca de 33.000 habitantes.

La suciedad se acumula en el suelo de la barriada de Los Pajaritos, en Sevilla. AFP / JORGE GUERRERO

"Te das un paseo y encuentras viviendas con aguas fecales en los portales o los patios interiores, o incluso en la calle; hay enganches ilegales de luz; otras tienen tejados de uralita, algo ya prohibido; tampoco están preparadas para el verano, cuando en Sevilla se alcanzan más de 40 grados", desgrana Armas sobre la falta de mantenimiento de los inmuebles. Hace unos años hubo un plan para rehabilitar los bloques más afectados, 524 viviendas, "pero hubo tantos problemas al derribar y volver a construir los dos primeros bloques, que de momento el proyecto se ha paralizado". Un informe del Defensor del Pueblo andaluz apuntaba ya en el 2003 que solo cuatro de los bloques de Tres Barrios disponían de ascensor, por lo que el resto eran cárceles en vida para cientos de ancianos que no podía salir a la calle sin ayuda. "Podemos ayudar a bajar a 30 o 40 mayores, pero no a tantos", lamenta Pedro Ríos, secretario general de Cáritas Sevilla, otra de las asociaciones que trabajan en la zona.

Si salieran, no tienen a donde acudir, porque en Los Pajaritos tampoco hay mucho que hacer. Ese mismo informe de hace casi dos décadas cuestionaba ya el pavimento y el deterioro de los espacios públicos, y desde entonces tampoco se ha avanzado mucho en equipamiento, ya que no hay centros cívicos, bibliotecas o centros de mayores pese a que estos son el grueso de los vecinos. Y los quioscos donde comprar algo de beber o unas pipas para pasar el rato en la calle, el pasatiempo favorito, se improvisan de forma clandestina en los bajos de algunos bloques.

Una de las cosas que más llamó la atención del relator de la ONU fue que precisamente es el tercer sector el que ha ocupado el papel protector de las administraciones públicas. Son las asociaciones quienes suplen la falta de políticas, en muchas ocasiones "a pulmón", con sus propios recursos o con subvenciones mínimas. A ellas acuden los vecinos para poder tener tres comidas al día, también para meter algo en la despensa, ya sea alimento o productos de limpieza, o en busca de algún empleo. Los trabajos de los vecinos son precarios, con muchas horas y poco sueldo, por lo que el barrio subsiste básicamente con la economía sumergida. "Es una situación de la que no se puede salir", lamentan ambos amargamente. "Hablas con los políticos y te transmiten sensación de impotencia", añade Ruiz.

"El contraste es tremendo con el otro lado de la calle; somos una isla de pobreza, y a poco que te pasees por aquí, es terrible", mantiene Armas, quien lamenta que en todo este tiempo las administraciones han actuado de forma puntual, pero sin estrategia y, por tanto, sin resultados. "No se trata solo de actuar con las viviendas, hace falta un plan integral, con medidas sociales, urbanísticas, educativas, de empleo", demandan.

Huelva: los campos de chabolas que conmocionaron al representante de Naciones Unidas

Por Julia Camacho

La próspera industria agrícola que cerca el espacio natural de Doñana se sostiene en parte desde gigantes barrios obreros en las afueras de pueblos como Lepe, Lucena o Palos de la Frontera, donde se escuchan acentos diversos y las sillas se acumulan a las puertas de las casas esperando los ratos de tertulia al atardecer. Un paisaje habitual en las periferias de los núcleos económicos de cualquier punto del país, salvo por el detalle de que, aquí, las calles son de tierra y el plástico y el cartón toman el lugar de las paredes. "Ellos son los afortunados, porque al menos tienen un techo; peor es dormir en la calle solo con un cartón y una manta", cuenta Lamine, maliense afincado desde hace años en Lepe. "Igual piensan que estamos a gusto en las chabolas -ironiza-, pero es que no tenemos otra opción".

Los asentamientos de chabolas de Huelva han abochornado al relator de la ONU sobre la pobreza extrema, para quien las condiciones en las que viven, o malviven, cientos de inmigrantes son "simplemente inhumanas", como ha plasmado en su informe. Menos diplomática se mostró Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Huelva, días antes, al no poder contener que "viven en condiciones de verdadera mierda".

Lamine, que también vivió una temporada en esas chabolas, describe el panorama que pudo observar el representante de la ONU, ese que según Alston muchos españoles no reconocerían como parte de su país. La única luz viene de enganches a baterías, y el agua para asearse o limpiar está en una fuente a seis kilómetros de distancia. Los colchones se acumulan en diminutos espacios sin ventilación donde se almacenan las maletas con sus pertenencias en una esquina y una hornilla de gas en la otra. La clase privilegiada se ubica en pequeñas construcciones, estas sí de ladrillo, pero a cambio por las ventanas se cuela el frío y el agua. Ni hablar de baño donde asearse. En sus calles se reparten subsaharianos y marroquís, también centroeuropeos y en los últimos tiempos se suman algunos españoles. Casi todos varones, aunque también empiezan a aparecer mujeres.

Campamento de chabolas en Lepe. / JUAN LUIS ROD

"Son trabajadores, no animales, y simplemente quieren, al terminar su jornada laboral, poder tener un sitio donde darse una ducha caliente, cenar algo viendo la televisión y meterse en la cama para volver a trabajar al día siguiente", explica Amadou, uno de los portavoces del Colectivo de Trabajadores Africanos. La asociación se gestó a finales del pasado mes de octubre, tras el devastador incendio que acabó con La Urba, el mayor asentamiento chabolista de Lepe. No quedó nada, y el terreno fue vallado para impedir que volvieran a instalarse allí. "Ahora, cuando yo salgo con el camión por las noches, se me saltan las lágrimas, porque los veo a todos escondidos en cualquier rincón intentando esquivar el frío", prosigue Amadou.

Tras ese desastre, los inmigrantes alzaron la voz para poner luz sobre una incómoda realidad: no reclaman casa gratis; están dispuestos a pagarla porque tienen dinero, algunos ganan incluso el salario mínimo, y sostienen la industria agrícola. Pero los mismos a los que enriquecen no les quieren alquilar las viviendas. En cuanto detectan el acento africano, explican, ya no hay casa disponible. Y tampoco encuentran amparo en las administraciones públicas.

Interior de una de las chabolas de Lepe / JUAN LUIS ROD

Los asentamientos chabolistas de inmigrantes temporeros comenzaron a surgir a finales del siglo pasado. Lepe, y toda la comarca onubense, empezó a prosperar gracias al cultivo de la fresa y más tarde de los frutos rojos. Un trabajo que requiere una habilidad manual y delicadeza que no suple la maquinaria agrícola, y muchos vecinos no estaban dispuestos a jornadas de sol a sol para ganar modestos sueldos. Primero llegaron las mujeres centroeuropeas, pero el rumor de que había trabajo, legal o ilegal, llegó a los inmigrantes africanos. Y mientras ellas se asentaban y se casaban con los nativos, ellos eran vistos con recelo. Tanto que, como alertaban los sindicatos ya por entonces, era imposible que lograran alquilar siquiera una habitación.

Esa dificultad, unida a la escasez de vivienda en la zona, provocó que empezaran a vivir hacinados y, más tarde, directamente en chabolas. "Al principio hubo unos módulos, pero se los llevaron y no nos quedó nada", rememora Amadou. Los asentamientos se repiten por todos los núcleos agrícolas de Huelva. Las entidades sociales que trabajan en la zona estiman que en la treintena de campamentos se reparte una población estable cercana a las 700 personas, aunque las cifras se disparan en los momentos punta de las campañas agrícolas de la fresa o los frutos rojos y, según el Colectivo de Trabajadores Africanos, superarían las 6.000 personas. Cáritas lo reduce a 2.000.

Juanma Breva, responsable del área de exclusión social de Cáritas, concede que se trata de un tema "con muchas aristas" que "no es fácil de afrontar", y que los muchos acaban aceptando estas situaciones impuestas como una etapa más de su ruta migratoria. Y mientras los empresarios se lavan las manos. "El problema de los asentamientos es un problema de la sociedad onubense y no se puede confundir con un mal vinculado a los empresarios agrícolas y mucho menos hacerles responsables de ello -dijeron en un comunicado tras la visita del relator-, las soluciones deben surgir de la participación de la sociedad onubense en su conjunto". Los inmigrantes coinciden en que hace una falta voluntad política que no terminan de ver y que se plasma siquiera en la negativa a empadronarles. "Sin esa voluntad no se avanza nada, el problema es que todos vienen y hablan bien, pero luego hacen poco", lamenta Lamine. "Sabemos que no es algo que se pueda resolver en un día, pero es que ya llevamos 20 años", zanja Amadou.

Galicia: más desigualdad y exclusión derivadas de la desertización demográfica

Por Julio Pérez (www.farodevigo.es)

Miguel Luque ya no podrá devolver el pequeño préstamo de sus compañeros de la asociación Boa Vida para viajar a Madrid y ver a su hija. De vez en cuando necesitaba coger un saco de dormir y desconectar de media vida en jaque contra la exclusión. Tenía solo 67 años. "Es el resultado final de la pobreza, una muerte prematura, asegura a la salida del cementerio Pepa Vázquez, amiga y cofundadora con Miguel de esa oenegé de Pontevedra que lleva casi una década ofrenciendo ese particular sistema de microcréditos y luchando para que desempleados, enfermos, madres y padres de familia, gitanos, extoxicómanos, "personas normales y corrientes, anónimas" tengan voz y esperanza. En enero entraron 30 usuarios nuevos en el grupo. "Hay una bolsa muy importante de trabajadores pobres -detalla Vázquez-. Vivimos en un momento en el que tener dos empleos no da para pagar un alquiler".

Cuando Boa Vida nació en el 2012, entre la primera y la doble recesión, el paro en Galicia saltó la barrera del 20%. La lenta reactivación laboral -a estas alturas la comunidad padece un nivel de desempleo cuatro puntos por encima de la anterior fase de expansión (11,7%) y tiene 100.000 ocupados menos- agrava el problema de la descualificación profesional entre los que llevan más tiempo alejados del mercado y es un claro factor "de deterioro de la autoestima personal". Lo reconoce abiertamente la Xunta de Galicia en la revisión de la 'Estrategia de Inclusión Social' que puso en marcha en el 2009 para intentar contener el avance de la pobreza: "La experiencia de crisis precedentes demuestra cómo la recuperación no tiene efectos inmediatos, por lo que, en un corto plazo, estos no van a llegar a todas las personas en situación de vulnerabilidad".

Un mendigo busca entre la basura de un contenedor, en Pontevedra. / MARTA G. BREA

Ni siquiera en los momentos más duros del parón económico, Galicia ha estado entre los territorios más azotados por la creciente desigualdad. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social alcanzó el 18,95% en el 2018, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Aún así, hay más de 330.000 gallegos con carencias materiales. Casi un tercio de las familias son incapaces de afrontar gastos imprevistos, dos de cada 10 no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en casa y 41.000 acumulan atrasos en los recibos mensuales. "El desempleo y la precariedad con itinerarios cíclicos que alternan periodos cortos de empleo con otros de desempleo generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos", advierten los expertos en el último 'informe Foessa' sobre exclusión y desarrollo social, que alerta de que uno de cada 10 ocupados en la comunidad se encuentra en una situación de exclusión social y el 3,6% en pobreza severa.

Al aumento disparado de los participantes en planes autonómicos de inclusión por la escasez de recursos y el paro de larga duración (39% de los beneficiarios desde 2009) se suma la aparición de nuevos perfiles y factores de vulnerabilidad. "Es importante destacar el incremento de las incorporaciones que presentan la exclusión territorial como problemática principal", señala la Xunta. Son residentes en zonas, especialmente rurales y dispersas, donde las dificultades de acceso a recursos y la falta de oportunidades vitales no permiten mantener unas condiciones de vida equiparables a las de aquellos que habitan en el resto del territorio". Es un drama que se muerde la cola porque esa exclusión territorial, según sostienen los técnicos de Política Social de la Xunta, "se agrava como consecuencia de la crisis demográfica".

Casa rural abandonada en el interior de la provincia de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Por eso la tasa global de pobreza de Galicia esconde muchísimos matices cuando se activa el zoom. En las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro, al sur de la provincia de Ourense, el riesgo de exclusión afecta a prácticamente el 30% de los habitantes. Un nivel muy parecido (28,4%) al de sus vecinos de A Limia, Celanova, Verín y Viana, todos en la frontera con el norte de Portugal; al igual que en las áreas de Paradanta, Baixo Miño y O Condado (25,7%). En muchas de estas pequeñas localidades, epicentrosdel duro envite del invierno demográfico en Galicia, el índice de pobreza aumenta incluso en la actual etapa de crecimiento de la actividad. "Es imposible llevar a cabo una verdadera política contra el declive demográfico sin la dinamización económica de estas zonas", sostiene Xosé Cuns, director de la Rede Galega contra la Pobreza (EAPN-Galicia), que condiciona la doble batalla contra la desertización demográfica y la exclusión social a "establecer las condiciones de vida adecuadas y las oportunidades para el bienestar social y económico".

Monfero (A Coruña) como ejemplo de despoblación y ausencia de oportunidades

Por Enrique Carballo (www.laopinioncoruna.es)

Envejecimiento, despoblación, ausencia de oportunidades laborales y falta de servicios agravada por la dispersión de la población. Estos son algunos de los problemas interconectados que detectan en su entorno los vecinos del municipio rural de Monfero, en A Coruña, y que le transmitieron al relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, en su visita al municipio el 28 de enero.

En 1981 Monfero tenía 3.587 habitantes. El año pasado la cifra había disminuido a 1.932 vecinos, según el Instituto Galego de Estadística (IGE). En el 2018 hubo siete nacimientos y 46 fallecimientos. Un total de 666 vecinos, el 34,5%, tienen 65 años o más. Según la trabajadora social del Ayuntamiento de Monfero, María del Carmen Sieiro, presente en la reunión con Alston, esto genera riesgo de exclusión social. "Cada vez hay más personas mayores cuya familia se desplazó a las ciudades para buscar trabajo -señala- y se quedan solas".

Esto genera un "aislamiento social": mayores que apenas salen de casa o ven a otras personas, con dificultades para acceder a los servicios. Si tienen familia, las mujeres asumen sistemáticamente las labores de cuidado. El presidente de la Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio Virxe da Cela, Jorge Pena, que también acudió a la reunión, demanda una mejor asistencia sanitaria para los mayores, a lo que Sieiro añade servicios de atención a la dependencia y dinamización rural.

Servicio de acompañamiento en autobús a niños que viven en núcleos alejados de la escuela, en Monfero. / VÍCTOR ECHAVE
 

El Virxe da Cela es el único centro educativo del Monfero, y da servicio a alumnos del vecino municipio de Irixoa. Ofrece educación Infantil, Primaria y Secundaria, pero para cursar Bachillerato los jóvenes tienen que ir a otras localidades. La dispersión poblacional, según la jefa de estudios de Secundaria, Rosalía Regueiro, también presente en el encuentro con Alston, es lo que "más afecta" a los alumnos: Monfero tiene 171 kilómetros cuadrados y sus vecinos se distribuyen en decenas de pequeñas aldeas y núcleos. Tras la jornada lectiva, a algunos alumnos les esperan 45 minutos de autobús antes de llegar a sus hogares.

Hay núcleos con solo una familia con hijos menores, por lo que "la sociabilidad de estos niños es el colegio", señala Regueiro. La situación se agrava, afirma Sieiro, por la "falta de transporte público". Desde el colegio intentan suplir la "falta de oportunidades de ocio y de actividades", pero Pena señala que los niños tienen que desplazarse "10 o 15 kilómetros para hacer un curso de informática o de inglés".

"Cualquier persona que vaya a vivir al mundo rural tiene que saber que su renta va a bajar"

En el último año con datos del municipio, el 2016, el PIB por habitante en Monfero fue de 16.954 euros, el 70,7% de la media nacional. "Cualquier persona que vaya a vivir al mundo rural tiene que aceptar que su renta va a bajar", afirma Pena. Sin embargo, apenas hay pobreza extrema. Sieiro, que tiene experiencia trabajando en ciudades, señala que en Monfero hay "muy pocas personas que pidan prestaciones de supervivencia". Muchas familias cuentan con parientes mayores que tienen pensiones, casas en propiedad y tierras en las que cultivan alimentos.

La demanda de trabajo se centra en los cuidados, el sector forestal y los servicios, según la orientadora laboral del Ayuntamiento de Irixoa, Úrsula de la Torre, que atiende a los vecinos de Monfero y de otros municipios sin servicio propio. En el 2019 había 57 desempleados en Monfero, y las personas con más dificultades de inserción son jóvenes sin formación, parados de larga duración y mayores de 45 años. Sieiro considera que en esta franja de edad hay personas con poca formación, y con experiencia, en el caso de las mujeres, en atención sociosanitaria, y en el de los hombres, en construcción y agricultura. En general, afirma, hay pesimismo: no creen que haya salidas laborales en su entorno.

Una percepción que comparten los más jóvenes, afirma Regueiro, cuando los profesores les orientan hacia una carrera o un ciclo formativo: "Se dan cuenta de que para todas esas opciones tendrían que ir fuera, y que el mundo laboral que les espera no está aquí". Conseguir que se puedan quedar, señala Regueiro, "solo puede hacerse bajo el paraguas de la Administración".

Pena, economista de profesión, cree que es necesario adaptar la normativa a la realidad del campo, rebajando la cuota de autónomos o las condiciones técnicas necesarias para realizar proyectos de emprendimiento en suelo rural. "No pedimos ayudas como cuidados paliativos -afirma-, sino los mismos derechos y oportunidades que tiene todo el mundo: educación, sanidad y justicia".

Otro problema es el acceso a la tecnología. La cobertura telefónica "es nula", señala Regueiro. Actualmente se precisa internet para realizar trámites administrativos o buscar trabajo, pero muchas personas tienen dificultades para acceder a un punto desde el que conectarse, o, en el caso de personas mayores, no saben cómo hacerlo.

Hay, sin embargo, ventajas de vivir en el mundo rural, considera Pena, como la tranquilidad y la seguridad. Sieiro añade que la calidad de vida es alta, y que "se mantiene el apoyo mutuo entre vecinos".

Villafranca de los Barros (Extremadura): la España olvidada

Por Rodrigo Morán (www.elperiodicoextremadura.com)

No fue la visita más impactante que tuvo en territorio español, pero las impresiones que a bote pronto le dejaron a Philip Alston las desigualdades que se vivían en Extremadura se acercaron muy mucho a las conclusiones iniciales que el propio relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas detalló hace unos días tras su visita a España.

Extremadura, región olvidada para muchos, sí fue un botón de muestra muy real en la profunda reflexión realizada por Alston sobre que habría españoles que no reconocerían parte de su territorio en algunas fotos. En su visita exprés, al relator de la ONU le dio tiempo de charlar con voluntarios de distintas Cáritas Parroquiales de la diócesis de Mérida-Badajoz en Villafranca de los Barros, a conocer la vulnerabilidad de personas desfavorecidas en Mérida y a pasear fugazmente por algunos barrios deprimidos de Badajoz, entre ellos los famosos Colorines.

Redada antidroga de la Policía Nacional en la barriada de los Colorines, en Badajoz. SANTI GARCÍA

Sentados en torno a una mesa de madera, Alston escuchó atentamente a los voluntarios de Cáritas en Villafranca de los Barros y sus vivencias particulares en cada uno de los municipios. En el habla, en la templanza de las vivencias y en la serenidad de las palabras, Alston entendió que reivindicaban más atención que recursos.

"Las circunstancias que hay en Extremadura nos obligan, en muchas ocasiones, a tener que irnos fuera para poder trabajar", decían algunos de los participantes en el encuentro. Especialmente crítica es la situación de los agricultores, cada vez con menos margen para poder dedicarse a esta milenaria tradición en la zona. El relator de la ONU conoció de primera mano el problema tan candente que sufre el campo extremeño con la guerra de precios y vio la desesperación de muchos agricultores cuyos beneficios apenas les sirven para vivir al día.

La particularidad del mundo rural que tanto marca a la región extremeña también fue objeto de debate. Las personas mayores se topan con muchos problemas de soledad y aislamiento de los grandes recursos que se focalizan en grandes núcleos urbanos. La falta de atención médica, la escasez de ambulancia o una red de transportes muy maltratada con la negativa de la alta velocidad.

David Tobaja, técnico del Área de Inclusión Social en el Centro de Acogida Padre Cristóbal de Mérida, fue gráfico al describir que "Alston, más que hablar, estuvo muy pendiente de cada una de las intervenciones. Escuchó cada una de las inquietudes y problemas diarios y nos agradeció paulatinamente todas las aportaciones. Dijo también que el fin de la pobreza es una decisión política, que recursos hay, pero que no se utilizan bien".

A su paso por Mérida, Alston se encontró con la Red de entidades extremeñas del tercer sector que trabajan por la inclusión social de personas vulnerables. "Se preocupó mucho por el tema de la pobreza infantil y, muy especialmente, por el tema de la vivienda. Dijo no entender cómo habiendo un parque de viviendas públicas tan amplio, había tantos problemas de personas en riesgo de exclusión social para acceder a una de estas viviendas", dice Tobaja. Ese tema impactó a Alston, que ya sobre el terreno consideró que esto es algo que debe empezar a gestionarse de otra manera. Cogió bolígrafo en mano y empezó a anotar.

En sus pocas intervenciones, Alston quiso dejar muy claro que su informe es uno de entre medio millón que llegará a las manos de las administraciones, "aunque este, como es de la ONU, igual se lo leen", explicó uno de los participantes en el encuentro de Mérida.

El tema de las prestaciones sociales también le interesó mucho. Durante su paso por Extremadura, había conversado con un joven que le había comentado que no le interesaban mucho las prestaciones sociales, sino querer trabajar, una reflexión que llevó a Alston al inicio de sus conclusiones en Extremadura y el hecho de ser una tierra olvidada carente de las oportunidades que tanto reclama su población. Fue en ese momento cuando también emanó esa idea de haber dos Españas, una que se vende al exterior y otra mucho más desconocida que podría resultar casi irreconocible para los propios españoles.

Ambiente vecinal en Los Colorines.

La inmigración y la regularización de documentos de las personas extranjeras también fue un tema importante a debatir, ya que Extremadura es una tierra que recibe a mucha gente de fuera para trabajar en las campañas frutícolas. También sobre los problemas de convivencia con personas de otros países o etnias, un tema que no le dejó indiferente.

Antes de marcharse de Extremadura, Alston reconoció que el informe siempre ayuda a poner un granito de arena más y se comprometió a recoger en el mismo todas las problemáticas. Al relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas le quedó bastante claro que Extremadura es una región con recursos, con gente que tiene ganas de hacer cosas, pero con mucho abandono de aquellos que todavía tienen que tender puentes más largos y sólidos.

                                                                               

Un reportaje de...
En la elaboración de este reportaje han participado los siguientes periodistas de cabeceras de Prensa Ibérica : Elisenda Colell, Juan José Fernández y Julia Camacho (El Periódico de Catalunya), en los textos introductorios, de Barcelona, de la Cañada Real, de Sevilla y Lepe; Julio Pérez (Faro de Vigo), en el de Galicia; Enrique Carballo (La Opinión de A Coruña) y Rodrigo Morán (El Periódico Extremadura). Fotos de: José Luis Roca, Jordi Cotrina, Joan Mateu Parra, Jorge Guerrero (AFP), Juan Luis Rod, Marta G. Punto Brea, Víctor Echave y Santi García.