Pedro Sánchez ya mira a lo que vendrá después de la crisis sanitaria, a lo que ha llamado la «posguerra» en la lucha contra el coronavirus. Un escenario para el que ayer planteó un pacto de reconstrucción social y económica que involucre al máximo de actores posibles y que permita preparar al país para las consecuencias sociales que tendrá el parón en la economía. La primera piedra para estos pactos quiere que se ponga antes del final de esta semana en una reunión entre el Gobierno, la oposición, los ejecutivos autonómicos, los entes locales y agentes sociales.

Así, el líder de los socialistas trasladó su intención, «de corazón y sincera», de reeditar los Pactos de la Moncloa de 1977 a los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron ayer, la quinta desde la declaración del estado de alarma. Pero para ello, aseguró, se necesitará una reducción de la tensión política, dejar a un lado «el conflicto y las palabras gruesas» y apostar por «el diálogo, la unidad, el consenso y el acuerdo».

DESCONFIANZA / «La mejor noticia que podrían recibir los españoles al salir de sus casas es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y diseñar juntos un gran Plan de reconstrucción económica y social para volver a poner en marcha el país», insistió. Sin embargo, por el momento no cuenta con el apoyo de la principal formación de la oposición, el Partido Popular.

La semana pasada el líder de los conservadores, Pablo Casado, rechazó esta propuesta de Sánchez ante la posibilidad de que el Gobierno use estos acuerdos para realizar «un cambio de régimen encubierto». Ayer, el presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, renovó estas reticencias a pactar con socialistas y morados y en la reunión telemática que mantuvieron explicó que no se da «la confianza y la transparencia» necesaria para pactar. «Solo conocemos el título y desconocemos la letra y la música», sentenció tras la cita.

Aun así, Sánchez restó importancia a estas diferencias e hizo hincapié en la necesidad de «ir anticipando estrategias de salida que van a llevar su tiempo y que van a exigir compartir información y compartir propuestas» entre los diferentes niveles institucionales. La oferta sí fue defendida por algunos de los barones socialistas. En concreto, el presidente asturiano, Adrián Barbón, reclamó actuar de manera conjunta ante las circunstancias extraordinarias: «Para los que critican esos Pactos de la Moncloa, ¿si no somos capaces de unir esfuerzos en estas circunstancias, para qué servimos los políticos?».

CONFINAMIENTO / La reunión entre los presidentes autonómicos y Sánchez estuvo también muy centrada en la reactivación de las actividades económicas no esenciales, paralizadas desde que el 30 de marzo lo aprobara el Consejo de Ministros. El regreso de miles de personas a sus puestos de trabajo a partir de hoy ha supuesto duras críticas contra el jefe del Ejecutivo.

A modo de defensa, Sánchez argumentó que la decisión está respaldada por recomendaciones científicas y negó que implique una desescalada de las medidas de distanciamiento social: «El resto de actividades que se interrumpieron seguirán interrumpidas y el confinamiento general será la regla durante las próximas dos semanas».

CRÍTICAS DE TORRA y urkullu / No obstante, el sector morado dentro del Ejecutivo no parece estar de acuerdo en dar este paso y varios de los presidentes autonómicos también se mostraron en contra. El más crítico fue Quim Torra. El president de la Generalitat tachó de «temeridad e imprudencia» el levantamiento del cese de la actividad no esencial y amenazó con tomar medidas compensatorias para Cataluña.

El lendakari Iñigo Urkullu exigió «certezas» sobre los acuerdos de Estado que plantea Sánchez. Aunque ofreció la colaboración del Gobierno vasco, dejó claro que «antes de debatir sobre su envoltorio, deberíamos trabajar los contenidos específicos que nos ayuden a valorar propuestas y respuestas eficaces con una mirada a medio y largo plazo», añadió.

De hecho, el presidente Sánchez recibió críticas por la relación que mantiene con los presidentes autonómicos. El reproche comun de los dirigentes conservadores y nacionalistas fue la escasa participación que les permite el Gobierno en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, el clamor general se materializó en la propuesta de reformar el sistema actual de comunicación para que los presidentes regionales puedan dialogar con el Gobierno antes de que este adopte medidas.

Preguntado por esta posibilidad, Sánchez defendió que los representantes deben entender «que en niveles de tanta incertidumbre es evidente que el Gobierno de España tiene que tomar decisiones de manera muy rápida» y, por lo tanto, deben conceder al Ejecutivo «un margen de confianza».