El consumo de alcohol está prohibido entre los menores de 18 años. Nada parecería más natural, por tanto, que la policía pudiera usar alcoholímetros para detectar si alguno ha incumplido la ley. Algo así propone el informe que servirá de base para la futura ley contra el consumo de alcohol en menores, aprobado la semana pasada por una ponencia Congreso-Senado. Además, el informe prevé sanciones a los padres de menores que beban.

No se trataría de establecer controles indiscriminados en las calles como ocurre con los conductores en las carreteras. Ni siquiera en el interior los bares. Aunque el documento no lo precisa, se desprende del mismo que el objetivo sería utilizar los aparatos para poder probar la participación de un menor en un botellón o que de verdad estaba consumiendo alcohol en la calle.

Ambas actividades estarían prohibidas en la futura ley de ámbito estatal, «salvo en terrazas y áreas autorizadas». Ya están vetadas en la mayoría de comunidades autónomas y municipios pero una de las dificultades con las que se han topado estas administraciones hasta ahora es que muchos jueces levantan las sanciones a los menores. Por eso el informe propone «habilitar a los cuerpos de seguridad para hacer, en menores de edad, pruebas en aire expirado o requisar envases con supuesto contenido de bebidas alcohólicas si hay menores consumiendo y pruebas de confirmación a demanda».

ACTUACIONES FORMATIVAS // Con ese material probatorio sería más fácil ejecutar la sanciones, que el informe recomienda «aumentar» tanto a los menores como a los progenitores, previendo, sin embargo, «su sustitución por trabajos a favor de la comunidad». También se sugiere «la posibilidad de su cumplimiento alternativo mediante actuaciones formativas en las que participen tanto los menores como sus tutores y representantes legales relacionando las mismas con mecanismos educativos, de intervención social». El citado informe determina que en los casos más graves de reincidencia, «donde quepa demostrar una actitud negligente de los padres o madres, con evidente riesgo para el menor, se aplicaría la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico vigente para la protección del menor». Es decir, que podrían quedar afectados los derechos de custodia de los progenitores.

El documento también propone que para los conductores de vehículos menores de 18 años, ya sean ciclomotores o bicicletas, la normativa de tráfico debería establecer una tasa cero.