El Ministerio de Sanidad reconoció ayer que España adquirió a China 58.000 tests rápidos de detección del coronavirus sin el «nivel de fiabilidad requerido», y no los 9.000 que el Gobierno admitió en un primer momento. El departamento que dirige Salvador Illa explicó que esas 58.000 pruebas exprés formaban parte de una partida total de 640.000 que se compraron a través de un proveedor nacional a un fabricante en China.

Primero llegaron 8.000, que se ha detectado que no eran de la calidad que especificaban los certificados, y por eso se han retirado. Además se han devuelto otras 50.000 unidades, que aún no habían sido distribuidas y serán sustituidas por otras.

Eso supone que el fabricante «enviará 640.000 unidades de un nuevo modelo con las especificaciones y sensibilidad requeridas en los próximos días», según Sanidad. Illa argumentó que «España no va perder ninguna oportunidad» de compra en un mercado en el que todos los países están compitiendo por adquirir el material necesario para frenar el covid-19, pero al mismo tiempo «va a ser exigente y va a comprobar» que los productos cumplen con los estándares de calidad.

PROVEEDOR DESCONOCIDO / El Ejecutivo sigue sin revelar el nombre de la proveedora española que compró esas pruebas rápidas a Bioeasy, una compañía que, según dijo ya la Embajada de China en España, no tiene licencia para vender esos productos y no está entre las que recomiendan sus autoridades. El Gobierno ha realizado varias operaciones de compra con China, además de las descritas, que suponen la adquisición de un total de cinco millones de pruebas rápidas, necesarias para conocer la extensión real de la pandemia en España, dado que hasta ahora solo se realizan tests PCR -entre 15.000 y 20.000 cada día-, que están validados en laboratorio pero que requieren al menos de cuatro horas de espera, y se demoran bastante más si el sistema está saturado.

En paralelo al fiasco de los tests rápidos y ante la expansión del coronavirus, el Ejecutivo español trabaja ya con la hipótesis de que sea necesario endurecer las restricciones a la actividad económica o a la movilidad de los ciudadanos en aplicación del estado de alarma decretado, al menos, hasta el 11 de abril.

«Todos los ministerios deben tener previsto cualquier escenario que las autoridades sanitarias puedan plantear. Puede que no se planteen nunca, pero la cuestión es no perder un minuto si se plantean», reconoció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. La cadena SER desveló un borrador que recogía posibles medidas para endurecer el confinamiento, y que implicarían, de llegar a aplicarse, el cierre de varias actividades en la industria, la construcción y las fábricas. Pero Montero quiso dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que por el momento no se ha planteado dicho escenario.