Llevar un mínimo de 90 días empadronado en España, o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social, son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles. Esta es la propuesta que presentó ayer la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas, que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los sin papeles (unos 840.000).
Montón indicó que de esta reunión han salido con unas «ideas básicas» para llevar adelante la norma, y explicó que propondrá la creación de una Comisión Mixta para seguir su implementación, como hizo en la Comunitat en su época de consellera.
