En paralelo a las cifras de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los sindicatos CCOO y UGT denuncian un reguero de despidos causados por la parálisis económica fruto de la expansión del coronavirus. Las centrales calculan que la destrucción de empleo, entre despidos y extinciones de contratos temporales, puede superar este marzo el millón de nuevos parados. Para cortar dicha sangría, CCOO y UGT instaron ayer al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a que apruebe una batería de medidas excepcionales para frenar la destrucción de empleo entre los trabajadores con menor protección.

Una prohibición transitoria de los despidos, el encarecimiento de las indemnizaciones y condicionar las ayudas públicas a la salvaguarda del trabajo son algunos de los instrumentos que pusieron ayer sobre la mesa los secretarios generales de las centrales con representación mayoritaria, pues para los datos de empleo que se harán públicos la semana que viene auguran unas cifras «sin precedentes». Los sindicatos también insistieron al Ejecutivo para que apruebe en la mayor brevedad posible subsidios extraordinarios para los colectivos hasta ahora excluidos de las medidas paliativas del Gobierno. Es decir, para las trabajadoras del hogar, los cuidadores y los desempleados sin prestación.

Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) hicieron públicas a través de una rueda de prensa virtual las medidas que ya trasladaron directamente al Ejecutivo en la reunión que mantuvieron por vídeoconferencia la semana pasada. «Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que está habiendo en nuestro país», afirmó Álvarez. «Estrujemos la ley para que esa vía se tape», apuntó Sordo. Las centrales alertaron de que, al margen de la avalancha de nuevos ERTE, muchas compañías están efectuando despidos y acelerando extinciones de contrato de empleados temporales.

A LA ITALIANA / Para frenar esa ola de destrucción de empleo, CCOO y UGT instaron al Gobierno a aprobar medidas extraordinarias en la mayor brevedad posible.

Las centrales proponen una moratoria de los despidos, similar a la que ha aprobado Italia. También ven una solución en el encarecimiento de las indemnizaciones en caso de despido o vencimiento de un contrato. Para dicho mecanismo, Sordo ha hablado de 45 días por año trabajado y un pago mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), aunque ha reconocido que aún no han trasladado una propuesta al Ejecutivo.

La escalada de trabajadores afectados por un ERTE no cesa. Ante ello, Sordo y Álvarez también abogaron por modificar la actual normativa en los casos de fuerza mayor. Los líderes sindicales señalaron que, con el actual volumen de expedientes, es prácticamente imposible para la autoridad laboral garantizar que todas las empresas que arguyen causa de fuerza mayor cumplen con los supuestos contemplados en la norma. Este no es un tema menor porque quienes vean autorizado un expediente de ese tipo se verán eximidas de pagar entre el 100% y el 75% de las cotizaciones de sus trabajadores.