En todo el mundo el coronavirus azuza no solo una crisis sino tres: la sanitaria, la económica y la social. En Estados Unidos, esa tormenta perfecta ha sacado a la superficie una de las corrientes más problemáticas del país: la de un sistema sanitario que, aunque sea como presume a menudo el presidente Donald Trump «el más avanzado del mundo», es maquiavélicamente enrevesado, oneroso e inalcanzable para algunos.

El histórico paquete de estímulo de 2 billones de dólares garantizó la prueba de covid-19 gratis para todos los estadounidenses. Varias aseguradoras del país han anunciado que no cargarán los copagos por tratamiento a sus asegurados. Y el vicepresidente Mike Pence anunció el jueves que es inminente un plan para, como parte del programa de 100.000 millones de dólares destinado a los hospitales dentro del estímulo, compensar a los centros por el tratamiento para la gente sin seguro, unos 27 millones de personas antes de que empezara la crisis sanitaria.

Sobre el papel suena prometedor pero las complejidades del sistema estadounidense obligan a tomarse las promesas con una dosis de cautela. Incluso a ponerlas en duda.

Porque 159 millones de estadounidenses dependen de los seguros que consiguen a través del trabajo para garantizarse la sanidad. Muchos de los cerca de 10 millones que han perdido el empleo durante las dos últimas semanas ahora perderán esos seguros. Para mantenerlo como lo tenían podrían aplicar al programa COBRA, pero asumiendo ellos todo el coste. De media son 7.200 dólares al año para un seguro individual y 20.000 dólares para una familia.

Otra opción sería buscar uno nuevo en los mercados de seguros subsidiados que estableció la reforma sanitaria de Barack Obama, que 11 estados han abierto fuera de su calendario habitual para intentar dar opciones de cobertura también a gente que no tenía seguro. Pero el gobierno de Trump, metido en la guerra ideológica y legal de los republicanos contra el Obamacare, no ha querido hacer general esa apertura extraordinaria, y controla los mercados en 38 estados.

La batalla contra Obamacare también dificulta en 14 estados controlados por los conservadores el acceso a Medicaid, el sistema público para la gente de más bajos ingresos, que cubre a unos 70 millones de personas.

Los límites por ingresos para acceder a Medicaid y los de edad para acceder a Medicare, el otro sistema público, dejan además a buena parte de la población en manos de las aseguradoras privadas y de un demoledor sistema donde, además de las primas de las pólizas, hay que pagar «deducibles» (la cantidad que tiene que salir del propio bolsillo antes de que empiece a cubrir el seguro), copagos y coseguros que cargan cuotas fijas o de porcentaje de los costes, y gastos como usar médicos o servicios «fuera de la red».

Varias empresas han hecho estudios proyectando costes de coronavirus. El cálculo de FAIR Health para personas sin seguro o que reciben servicios «fuera de la red» se mueve entre los 42.486 dólares y los 74.210.

Las historias de denuncia ya han empezado a aparecer. Kaiser Health ha contado la de un hombre al que le mandaron a hacer la prueba en un servicio de emergencias y que ha acabado, incluso con su seguro, con una factura de 2.000 dólares (dio negativo). Pero la más trágica por ahora es la de un joven de 17 años que murió de covid-19 en California. Había ido a un centro de salud. Fue rechazado por no tener seguro.