Al Tribunal Constitucional ya no le quedan más excusas para no pronunciarse sobre uno de los recursos más espinosos que tiene pendientes. Por eso, en el 2017 cuenta con resolver el recurso presentado en el 2010 por un grupo de diputados del PP, encabezados por el exministro de Defensa Federico Trillo, contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informaron a este diario fuentes del alto tribunal, el pleno aún no ha llegado a deliberar el borrador de sentencia que desde hace tiempo tiene redactado el magistrado Andrés Ollero. Los órdenes del día de las sesiones los prepara el presidente del Constitucional con las propuestas de resolución que le presenta cada ponente, pero quien tiene la última palabra sobre qué incluir o no es Francisco Pérez de los Cobos, cuyo mandato en el alto tribunal termina el próximo 29 de diciembre.

El recurso contra la ley socialista del aborto, según dichas fuentes, nunca se llevó a pleno por varios motivos que han permitido al Constitucional evitar pronunciarse sobre una cuestión que es consciente de que no deja indiferente a nadie y que sospecha que resuelva lo que resuelva resultará una decisión insatisfactoria para todas las sensibilidades.

A LA ESPERA DE LA DEROGACIÓN

Primero se entendió que no se debía iniciar un debate que iba a fracturar el Constitucional, igual que lo hace con la sociedad española en general, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevaba en el programa electoral con el que ganó las elecciones del 2011 que derogaría la ley impulsada por la ministra socialista Bibiana Aído. Ante esa perspectiva, ¿para qué iba a emitir su fallo el alto tribunal, si la norma impugnada tenía los días contados?

La derogación nunca se produjo y finalmente el PP, tras perder por el camino al ministro de Justicia al que se había encargado llevar a cabo la contrarreforma, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que contentarse ante el rechazo social a sus intenciones con aprobar en julio del 2015 una reforma parcial de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Con toda la oposición en contra y también la de cinco diputados populares que consideraban el cambio insuficiente y una validación de la ley de Zapatero, impuso el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años, un aspecto incluido en el recurso del PP, que pretende que la legislación retroceda a 1985.

REPETICIÓN DE ELECCIONES

Cinco meses después hubo nueva cita con las urnas y luego la repetición de las elecciones y el Constitucional siguió a pie juntillas la máxima del mundo judicial de no interferir con sus resoluciones en el proceso electoral. Durante el año prácticamente transcurrido entre votación y votación el criterio del Constitucional ha sido el de esperar a ver quién se hacía con el gobierno para saber qué hacía con la norma impugnada en el 2010 por el PP y el Gobierno navarro. En función de eso, empezaría a deliberar la propuesta de sentencia de Ollero.

Era la posición más fácil en un asunto en el que nadie en el Constitucional tiene ganas de pronunciarse ante la perspectiva de ser el foco de las críticas de los que consideran el aborto un derecho, que verán excesiva cualquier restricción, y de los colectivos provida, que entenderán demasiado permisiva toda resolución que no suponga volver a la ley de supuestos de 1985.

El propio Gobierno de Rajoy valoró la posibilidad de retirar el recurso, en cuya elaboración participó como asesor Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia y uno de los más beligerantes contra la ley socialista, pero esta opción se descartó al no seguir siendo diputados algunos de los firmantes, entre ellos el propio Trillo, y ser necesario la revocación de su firma.

RENOVACIÓN DEL TC

Una vez que el PP ha vuelto a ganar las elecciones, sin incluir en esta ocasión en su programa ninguna referencia al aborto, se despeja el panorama respecto a una hipotética modificación de la ley, y el Constitucional no puede perder más tiempo para resolver un recurso que lleva seis años guardado en un cajón. O al menos para comenzar las deliberaciones antes de que se produzca el relevo en el tribunal de su presidente y su vicepresidanta, Adela Asua.

El mandato de ambos y de otros dos magistrados (ambos fallecidos en estos años) concluye el próximo 29 de diciembre. Su renovación corresponde al Senado, donde el PP tiene una mayoría tan amplia que no le haría falta ni el apoyo de otros grupos para nombrar a los nuevos magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos. De ahí que en el Constitucional confíen en que el relevo se pueda producir entre Semana Santa y el verano del año próximo.