Las empresas de los sectores más damnificados por la crisis del coronavirus y a su vez más limitadas por el confinamiento decretado desde el Gobierno podrán acogerse a los beneficios actuales para un ERTE por causa de fuerza mayor más allá del estado de alarma. Esta es la «salida técnica» y el planteamiento sobre el que operan el Ministerio de Trabajo, como avanzó ayer la ministra Yolanda Díaz, en un encuentro telemático con la patronal catalana Pimec. «Tenemos que trabajarlo bien y debatirlo en el Gobierno, pero tenemos esa inquietud», afirmó la ministra.

Desde su aprobación en el BOE el pasado 18 de marzo, las empresas que hayan tenido que paralizar su actividad debido a una decisión directa del Gobierno pueden efectuar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. Esto acarrea, tras las medidas aprobadas excepcionalmente por el Ejecutivo, una exoneración del pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Del 75% para las firmas con más de 50 trabajadores y del 100% para las de menos. Estas pasa a asumirlas el erario público, con el objetivo final de incentivar así las suspensiones temporales de empleo por delante de los despidos.

El Ejecutivo, con el consenso de patronales y sindicatos, también habilitó una cobertura para los trabajadores vía prestación de paro, pues eliminó excepcionalmente la cotización mínima exigida y el cobro de la prestación no resta derecho a percibirla en un futuro para el ocupado afectado. Los beneficios habilitados para que las empresas se acojan a estos expedientes vencen una vez se levante el estado de alarma.

«A veces es más fácil volver a poner en marcha una fábrica que otro tipo de negocio», reconoció la ministra de Trabajo. Bajo esa premisa, es decir, que la reactivación económica será más paulatina para unos sectores que otros y que la campaña de verano peligra; el departamento que lidera Díaz trabaja para ampliar la cobertura más allá del estado de alarma. En vistas a blindar el empleo en estos sectores más vulnerables y ante la insistencia de parte del empresariado. Y es que el sector servicios emplea a un gran volumen de trabajadores.

El perfil más recurrente de una compañía que ha recurrido a un ERTE por causa de fuerza mayor es el de la hostelería, la restauración, el comercio al por menor o el sector turístico.

más protección / En el ámbito laboral, el BOE publicó ayer una última modificación por parte del Gobierno para que el contagio de coronavirus en el trabajo sea considerado accidente laboral a todos los efectos, lo que implica que los afectados estarán más protegidos y las empresas que no cuiden las medidas de protección podrían tener que abonar recargos, indemnizaciones por fallecimiento o afrontar responsabilidades civiles o penales.

Inicialmente el Ejecutivo asimiló toda baja por el virus a la de un accidente de trabajo a efectos de cobro de la prestación. Ahora eleva un grado de cara a la responsabilidad empresarial e implica que las firmas deberán hacerse cargo de los recargos en las prestaciones, las indemnizaciones por fallecimiento o, si se diera el caso, las responsabilidades civiles o penales.