La catástrofe del Prestige ya no quedará impune. El Tribunal Supremo ha endurecido las raquíticas penas establecidas en el 2013 por la Audiencia Provincial de A Coruña al condenar al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente en grado de imprudencia grave con resultado catastrófico. Una condena casi simbólica (el marino ya no volverá a la cárcel) pero muy relevante a efectos económicos ya que abre la puerta a que la aseguradora se haga cargo de las indemnizaciones, estimadas en 4.328 millones de euros.

La sentencia mantiene la absolución de los dos marineros que acompañaban a Mangouras y del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, responsable de la polémica decisión de alejar el barco y llevarlo en un rumbo errático por toda la costa gallega. El Supremo argumenta que en la revisión de una sentencia absolutoria no puede cuestionar las pruebas y debe atenerse a lo que en primera instancia se consideraron hechos probados, en este caso, que no hubo negligencia por parte del funcionario. En consecuencia, el Estado español no tendrá que hacer frente a ningún tipo de responsabilidad por el suceso.

La sentencia inicial había atribuido a Mangouras tan solo un delito de desobediencia grave con un condena de 9 meses de cárcel por las tres horas que tardó Mangouras en aceptar el remolque del buque. El Supremo considera, en cambio, que tanto el capitán como el armador conocían el riesgo que comportaba llevar cabo la travesía con una nave con graves deficiencias, sobrecargada y una previsiones de fuerte temporal. “Actuaron temerariamente y a sabiendas de que probablemente se causarían tales daños”, dicen los magistrados para después añadir que la actuación del capitán una vez se agrietó el buque no hizo más que agravar el problema.

Al contrario que en la sentencia inicial, el Supremo declara “responsable civil directa” a la aseguradora The London P&I Club, que tenía un límite de cobertura en la póliza de 1 millón de dólares, unos 922.000 euros. En lo que pase de esta cantidad, la indemnización debería ser cubierta por el armador del barco, la compañía helena Mare Shiping.

La Audiencia Provincial fijará la cantidad a indemnizar al dictar la ejecución de la sentencia. La fiscalía había calculado el daño en 4.328 millones de euros, mientras que el Estado valoró sus gastos en 984,8 millones. H