La Generalitat ha sufrido un nuevo revés en el largo pleito que mantiene con las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Una batalla en la que, en paralelo, se mezclan las denuncias por los precios de la revisión, regulados por el Consell, con el procedimiento de reversión que ha emprendido el Botànic para que este servicio vuelva a estar bajo gestión pública a partir del 2023.

La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acaba de desestimar el recurso de la Generalitat contra la sentencia del pasado enero que da la razón a las empresas y anula la última bajada de tarifas del Consell, con descuentos de un 6% de media, unos 10 euros en la prueba para vehículos diésel, por ejemplo.

Cabe recordar que la administración, en mayo pasado, aprobaba un nuevo cuadro tarifario. Era la respuesta a una sentencia anterior, esta del 2017, que a su vez anulaba una anterior bajada de precios que se había producido en el 2014 por defecto de forma. Tras la denuncia de las empresas afectadas, el tribunal valenciano entendió que la Generalitat estaba incumpliendo aquel primer fallo que le obliga a reponer las tarifas anteriores al 2013.

La sala consideraba que «ha existido la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia» anulatoria por parte del Consell. Y agrega que la administración «fue consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho, cuando no existía dificultad en su cambio, tan sólo publicar en el Diari Oficial (DOGV)».

En todo caso, esta desestimación del recurso de la Generalitat decidido el pasado 10 de marzo no va a suponer una subida de precios inmediata. Es muy probable que agoten las vías de recurso como ya hizo anteriormente y acuda al Supremo, con lo que no habría sentencia firme como mínimo hasta finales de este año.

En paralelo a estas sentencias, que dan la razón a las empresas, estas concesionarias aspiran a que la Generalitat les indemnice con cantidades multimillonarias por el dinero que dejaron de ingresar durante varios años.

PATRIMONIAL / En este contexto, todavía se está tramitando por parte de la Conselleria de Economía una primera reclamación patrimonial ante la administración de unos 80 millones correspondiente al tiempo que pasó desde el cambio tarifario del 2014 hasta que la justicia lo anuló en firme, en el verano del 2018.

Ahora, las empresas están decididas a poner en marcha una segunda reclamación por lo no ingresado (más de un millón de euros al mes) desde mayo pasado, con las actuales tarifas, hasta que el Supremo, si es el caso, les da también la razón. Podrían ser otros quince millones.

Mientras se decide la batalla judicial, administración, empresas y sindicatos siguen negociando sobre el escenario de la reversión al sistema público de las ITV. Economía trabaja en el escenario de crear una empresa pública donde volcar a todo el personal que, en estos momentos, depende de siete concesiones administrativas y donde existe una gran disparidad de situaciones laborales, con convenios colectivos diferentes.

En este contexto, la Dirección General de Trabajo y CCOO acordaron esta semana trabajar desde ya en un único convenio de ámbito autonómico, para garantizar las condiciones (y se supone que igualar la notables diferencias actuales de una estación a otra) de los 1.200 empleados, y para que ese acuerdo entre en vigor al mismo tiempo que la reversión, a partir del 2023. Además, los sindicatos exigen la conversión de contratos de empleados en prácticas a indefinidos. CC OO lamenta que la administración no está respondiendo a la petición de las empresas a la administración. Y es que desde este año y hasta la reversión definitiva el Consell tiene que autorizar cada euro que se gasten, para evitar las suspicacias ante la posibilidad de que se puedan inflar las plantillas.