El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene de plazo hasta el próximo miércoles para resolver la solicitud de medidas cautelares presentada por Vox para la suspensión con carácter urgente de la orden de la Consejería de Sanidad con medidas limitativas de la movilidad en la capital y otras nueve grandes ciudades de la Comunidad de Madrid.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la solicitud ha entrado esta mañana en el Alto Tribunal madrileño, que tendrá 48 horas para emitir una resolución. Posteriormente, de ser aceptadas las medidas cautelarísimas mediante un auto, quedarían en suspenso hasta la emisión de una sentencia.

Las cautelarísimas fueron registradas el pasado sábado por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, al considerar que la orden del Ministerio se basa en una decisión política y no científica.

"Ni el acuerdo del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ni, en consecuencia la Orden del Ministro refieren en sus textos ningún estudio científico preciso que justifique la adopción de las medidas. Presentan la apariencia de ser más políticas que científicas", se recoge en el recurso.

Esta semana, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM tendrá que deliberar también sobre la ratificación de las medidas ordenadas por el Gobierno y plasmadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Las mismas fuentes jurídicas han señalado que el escrito aún no ha sido presentado y que habrá tres días una vez que entre en el registro.

Hasta que no haya aval judicial, el Gobierno regional no podrá imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones de movilidad impuestas sino que habrá controles informativos.

Más a largo plazo, la Audiencia Nacional tendrá que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid tras la admisión del recurso. Madrid tiene diez días de plazo para presentar sus alegaciones, que tendrán que sopesarse en el plazo de cinco días por parte de los magistrados para deliberar sobre la impugnación.

En su recurso, el Gobierno regional alegó que las restricciones invaden las competencias de la Comunidad de Madrid y son propias de un estado de alarma, censurando que sean "contraproducentes" al poder generar más contagios.