"Mi daño fue interno, invisible, lo llevo conmigo". Las palabras de Chanel Miller, la superviviente de la violación más mediática de Estados Unidos, descubren el sufrimiento en silencio forzado de las víctimas de violencia sexual. Antes del 'boom' del '#MeToo', la historia de la anónima Emily Doe conmocionó al mundo en el 2015. Tras ser violada por Brock Turner mientras estaba inconsciente al lado de un contenedor, el laureado nadador de la universidad de Stanford solo estuvo en prisión tres meses. La publicación de su libro 'Conoce mi nombre' ('Know my name: a memoir') donde desvela su verdadera identidad y su vida bajo el escrutinio público, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia sexual en los campus universitarios estadounidenses.

"Me quitaste mi valía, mi privacidad, mi energía, [...], mi confianza, mi propia voz, hasta hoy". La voz de Miller se alzó en un panorama desértico que aún hoy se mantiene con cifras alarmantes: más del 80% de víctimas de violación en las campus americanos no denuncian a su agresor, según el Departamento de Justicia de EEUU. Ni la policía ni las universidades conocen cuál es la situación real de la violencia sexual en sus campus. Muchas de ellas no denuncian porque lo ven un asunto personal, por miedo a represalias, no lo consideran tan importante, no quieren que el agresor se meta en líos o creen que la policía no hará nada.

"Cuando las universidades presumen de tener tasas muy bajas de violencia sexual, no es creíble; es una señal de que no es muy segura porque sus estudiantes no se sienten confiadas para denunciar", afirma Jennifer J. Freyd, profesora de Psicología en la Universidad de Oregón. Con un horizonte terrorífico en el que una de cada cuatro estudiantes va a ser víctima de una agresión sexual en el centro universitario antes de graduarse, muchas universidades disponen de mecanismos para prevenir estos ataques antes de que ocurran.

OBLIGADAS POR LEY

Una ley federal, conocida como Título IX ('Title IX'), les obliga a proteger a sus estudiantes de cualquier discriminación por razón de sexo. Con menos de 40 palabras, la legislación impone un gran volumen de obligaciones para los centros educativos estadounidenses, como llevar a cabo una investigación independiente de la criminal cuando una estudiante denuncia una agresión sexual.

"Si las universidades no cumplen con estos requisitos pueden perder su financiación pública pero eso nunca ha ocurrido pese a que muchas no los están siguiendo", explica la responsable del Título IX de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW, por sus siglas en inglés), Alicia Hetman. Y aunque los castigos que puede imponer la administración universitaria son muy laxos (un expediente disciplinario, voluntariado forzado o escribir una reflexión sobre el suceso), cada vez más el control sobre los 'colleges' se ha relajado.

"Durante la administración de Obama, se publicaron unas directrices que las universidades debían seguir que constituyeron una excelente política sobre acoso sexual", relata Hetman. El escrutinio bajo el que estaban sometidas las universidades permitía a las estudiantes denunciar a estos centros si sentían que no estaban cumpliendo con la ley. A día de hoy, hay más de 300 casos investigados por el gobierno federal por posibles malas gestiones de informes de violencia sexual. "Al llegar Trump al poder, Betsy Devos al mando del departamento de Educación tumbó estas reglas, ya que defienden la protección de los acusados porque afirman que muchas mujeres les denuncian falsamente".

IMPUNIDAD

En este momento no hay una guía clara sobre cómo las universidades deben tratar la violencia sexual en sus campus. "Algunas universidades se han rebelado contra la actual administración negándose a seguir sus laxos controles", explica Bethany L. Backes, de la Universidad de Florida Central. El problema reside en que no todos los perpetradores se rigen por la misma ley. "Como los atletas son una clase protegida dentro del campus y normalmente están bajo su propia administración, se esconden sus casos bajo la alfombra", añade Backes.

"Algunas personas reciben el mensaje de que pueden hacer lo que quieran. En algunas universidades se reclutan atletas con la promesa de tener acceso total a las mujeres", denuncia Freyd. "No es sorprendente que se tomen la libertad y piensen que es su derecho". La universidad acaba siendo juez y parte en el juicio ya que no quiere que se conozcan casos sonados de violación por sus propios intereses económicos.

Como el de Jacob Anderson, el presidente de una fraternidad de la Universidad de Baylor, que fue multado con 400 dólares en el 2018 por haber drogado y violado a una compañera, sin entrar en prisión. El sentimiento de hermandad creado en los ambientes agresivos e hipermasculinos de muchas fraternidades y de los equipos deportivos perpetúa la cultura de la violación en estas instituciones. Chanel Miller se preguntaba: "Si mi agresor sexual no hubiera sido un atleta, ¿cuál sería su sentencia?". Ahora sus palabras siguen haciendo temblar los cimientos de instituciones millonarias para convertirse en el consuelo de muchas otras mujeres.