Dos jóvenes N.D., originario de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, vivieron en el campamento del monte Gurugú, cerca de Melilla, durante nueve meses. El 13 de agosto del 2014 intentaron, junto a otros subsaharianos, entrar en España saltando la valla que rodea la ciudad autónoma de Melilla, pero fueron esposados por la Guardia Civil y devueltos a Marruecos sin identificación previa y sin asistencia jurídica ni médica. Ayer martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno al considerar que esta devolución en caliente vulnera la convención europea de derechos humanos que prohíbe las expulsiones colectivas.
Los dos jóvenes, relata el tribunal, fueron devueltos a Marruecos sin realizar un control de identificación previo, sin que tuvieran oportunidad de explicar sus circunstancias personales, y sin recibir asistencia jurídica que les explicara las disposición de la legislación sobre asilo, ni médica ni de interpretación, por lo que también se ha vulnerado el derecho a un recurso efectivo.
Ambos jóvenes fueron trasladados posteriormente por las autoridades marroquís primero a la comisaría de policía de Nador y posteriormente a Fez, a más de 300 kilómetros de Melilla, junto a un grupo de entre 75 y 80 inmigrantes más que intentaron saltar la valla el mismo día. Como resultado de esta actuación organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia y pidieron una investigación
El caso terminó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero del 2015, que les ha terminado por dar la razón, apoyados en vídeos y en testimonios de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Los jueces rechazan las alegaciones de España de que los inmigrantes no entraron en territorio español y subrayan que desde el momento en el que bajaron de la valla estaban bajo «el control exclusivo» de las autoridades españolas.
EXPULSIONES COLECTIVAS // También concluyen que «no hay dudas» de que se trató de «expulsiones colectivas» y de que hay un «claro vínculo» entre la expulsión colectiva de la que fueron objeto en Melilla y el hecho de que fueron privados «de cualquier remedio que les hubiera permitido presentar una queja ante las autoridades y obtener una evaluación rigurosa y, a la vez, exhaustiva antes de sus expulsiones».
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado solicitó ayer mismo al Ministerio del Interior y a los grupos parlamentarios que «de manera urgente» procedan a dar «todas las instrucciones necesarias» parar paralizar las devoluciones en caliente.
