El vertedero de Zaldibar (Vizcaya), cuyo colapso sepultó a dos trabajadores el pasado 6 de febrero, contenía una enorme cantidad de amianto, un residuo peligroso, pese a que su licencia le habilitaba como vertedero de residuos no peligrosos. Esta ha sido una de las más destacadas revelaciones que se han conocido este martes en las comparecencias de miembros del Gobierno Vasco ante su parlamento autonómico.

Según ha difundido el consejero vasco de medio ambiente, Iñaki Arriola, en su turno de comparecencia, el vertedero contenía 16.148 toneladas de asbesto (1.468 camiones de tamaño medio), principalmente de residuos de la construcción, colocados "por encima" del vertedero los más recientes, y en estratos profundos y cerca de la zona de rotura los primeros, que recibió en 2012. Aquel año acogió ya 337 toneladas; en 2019, 4.258.

Sin embargo, el amianto no es más que un 0,57 por ciento de los 2,8 millones de toneladas de residuos que albergaba ya el enorme depósito cuando una de sus laderas se derrumbó sobre los trabajadores Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán. El depósito nació en 2012 pensado para tener una vida útil de 35 años, o sea, hasta 2047, pero ya "le quedaban como mucho dos años", ha dicho el consejero para resumir la voracidad con que la empresa que lo gestiona, Verter Recycling, aceptó depósitos a mucha mayor velocidad de la inicialmente prevista.

Pese a ello, el vertedero fue considerado por el Gobierno Vasco el segundo mejor de Euskadi en 2016. En junio y julio de 2019, durante la última inspección que le hizo la consejería, se detectaron 23 "desviaciones", pero "ninguna de ellas grave", ni relacionada en principio con el siniestro, según Arriola.

La ley permite a los vertederos de residuos no peligrosos albergar residuos peligrosos como el amianto, pero en celdas estancas, señalizadas y debidamente separadas del resto. Si Zaldibar las tenía será materia de la investigación que ya ha iniciado el Juzgado de Instrucción 1 de Durango (Vizcaya).

TRANQUILA E INTRANQUILO

Poco a poco el suflé del miedo baja en Zaldibar, según se dispersa la humareda tóxica -esta no con amianto, sino con dioxinas y furanos- de los incendios recién extinguidos. Y como si contribuyera a la extinción de la inquietud, la investigadora del CSIC Begoña Jiménez, que hace mediciones del aire in situ, ha afirmado que tiene un porcentaje de dioxinas "enormemente bajos", antes de opinar que se ha generado una alarma "exagerada y quizá innecesaria. La situación no es para que cunda el pánico ni para comprarse un traje espacial".

No piensa lo mismo el abogado madrileño Fernando Morillo, representante de las asociaciones de víctimas del amianto de Madrid, Sevilla, Málaga y Alicante, que no habla de dioxinas, sino de la fibra cancerígena: "No hay umbral mínimo científicamente establecido de exposición segura al amianto. La primera fibra inhalada puede ser cancerígena. Si yo viviera en la zona, me iba, y más si la ha sobrevolado un helicóptero esparciendo las fibras", dice.

Por la mañana, en la misma jornada en que el Instituto de Salud Laboral Osalan empezaba a llamar uno a uno a los 150 trabajadores que estuvieron expuestos a tóxicos en las primeras ocho horas de rescate, para ofrecerles un examen médico descartan, por cierto, las pruebas de asbestosis-, un grupo de ertzainas del sindicato ErNE protestaba a la puerta del Parlamento Vasco, esperando la llegada del lendakari Iñigo Urkullu.

Llevaban mascarillas respiratorias, como forma de protesta por la "protección insuficiente" que, en opinión de ErNE, les proporcionan las AXP3, con filtros de apenas una jornada laboral de duración. En Durango, Ermua, Eibar y Zaldibar se han agotado las mascarillas, "pero no por la contaminación -aclaran en la farmacia zaldibartarra de Elisabet Egaña-, ya estaban agotadas por el miedo al coronavirus".

En materia de mascarillas llueve sobre mojado en la Ertzaintza: hace apenas un mes, mientras el resto de las polícas en toda España tenían para protegerse del coronavirus, los agentes vascos las esperaban con disgusto.

Dentro, en el Parlamento Vasco, Urkullu admitía "errores" en la gestión del siniestro. "Los mecanismos de control no han sido suficientes" ha dicho.