El pasado verano se alcanzaron las mil víctimas por violencia de género en España desde el 2003, año en que comenzó a haber cifras oficiales. Ahora ya van 1.027.

Dos son las grietas principales en la lucha contra la violencia machista en España. Por un lado, la escasa implementación de las unidades de valoración forense integral, en las que un médico forense, un psicólogo forense y un trabajador social hacen una primera evaluación del caso que después es remitida al juez. Por otro lado, el hecho de que mujeres como Diana Quer (la joven veraneante asesinada en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña, a manos de El Chicle, cuyo juicio está teniendo lugar estas semanas) no se contabilicen como víctimas de violencia de género porque no existía un vínculo sentimental previo entre víctima y agresor.

«El déficit de medios, a nivel estatal, es brutal», explica Mila del Campo, psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos. «Aunque las unidades de valoración forense deben estar dedicadas a los casos de violencia de género, la realidad es que atendemos también otros asuntos, como los menores víctimas de abusos sexuales. Esto provoca que se colapse el servicio porque hay falta de medios y no salen adelante los informes», explica.

Aunque depende de cada región, en la unidad de valoración forense en la que ella trabaja los informes tienen actualmente demoras de hasta un año. Y estos retrasos conllevan repercusiones: «La primera, se alarga más el proceso judicial abierto y la mujer se ve obligada a repetir los hechos muchas veces, con todo lo que eso conlleva para su estabilización emocional. La segunda, los hijos están más tiempo en una situación jurídica de cierta inseguridad porque no siempre se adoptan paralelamente las medidas penales y civiles», explica Del Campo. La implantación de estas unidades en España es «irregular», algo que se debe a la falta de reglamento en la legislación estatal.

ENSANCHAR LA LISTA / Los expertos también consideran «clave» que mujeres como Diana Quer sean contabilizadas como víctimas de violencia de género. El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y el Consejo General del Poder Judicial solo cuentan como tales aquellos asesinatos que se producen a manos de parejas o exparejas, pero ambos organismos están en trámites de incluir en sus cifras los asesinatos en los que no había vínculo previo.

«Hay que ampliar este concepto para que sean contabilizadas las de violencia sexual o acoso», dice Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Lorente señala otros asesinatos como el de Cuenca en el 2015, en que el agresor mató a su exnovia y a una amiga de esta, pero solo contó como víctima de violencia machista la primera.

educación y prevención / Susana Gisbert, fiscal especialista en violencia de género en València, señala otras grietas en la lucha y por eso reclama más medios en la justicia de la violencia machista. «Los juzgados no son exclusivos. A las mujeres hay que darles herramientas para que denunciar no sea un acto heroico, sino normal. Para eso hay que invertir en educación y prevención», dice. «Lo más urgente es atender estos casos yendo a su raíz, que es el machismo, y que sean juzgados desde una perspectiva de género», indica.