Tras 15 días de parada, millones de españoles volverán entre el lunes y el martes al trabajo. Se trata de una de las decisiones más arriesgadas que ha tomado el Gobierno desde que decretó el estado de alarma y el confinamiento forzoso, el pasado 14 de marzo, para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Las voces críticas con esta medida son muchas. Una parte del comité de expertos del Ejecutivo está en contra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta del riesgo de levantar las restricciones de forma apresurada. Dentro del propio Gobierno hay división de opiniones, con los ministros de Unidas Podemos partidarios de extender la llamada «hibernación» de la economía, que está en vigor desde el pasado 29 de marzo. Y gobiernos autonómicos han criticado la medida. La Generalitat responsabilizará directamente al presidente, Pedro Sánchez, de un posible rebrote de los contagios, tras varios días de tendencia a la baja. Y la presidenta madrileña Díaz Ayuso, quien ya ha recibido el alta por el covid-19, pidió ayer «concreción» sobre las medidas.
Frente a todas estas dudas, la Moncloa insiste en que no hay ninguna relajación de las medidas contra el covid-19, pese a que, objetivamente, estas serán ahora menos estrictas. «No estamos desescalando ni desconfinando», señaló ayer el ministro Illa.
El teletrabajo se deberá primar siempre que sea posible y los comercios y locales de ocio continuarán cerrados, pero las actividades industriales y laborales no esenciales (como la construcción y las fábricas, sectores que agrupan a cuatro millones de personas) serán reiniciadas. Quienes presenten síntomas, por leves que sean, no deberán volver a su empleo, y todos los trabajadores tendrán que mantener la distancia mínima de un metro, lavarse las manos con asiduidad y, en algunos casos en los que la aglomeración resulte inevitable, cubrirse la boca. En este sentido, las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil repartirán entre el lunes y el miércoles 10 millones de mascarillas a los usuarios del transporte público que acudan a trabajar. Su uso, sin embargo, será recomendable, no obligatorio.
El Gobierno reconoce en privado que pisa aquí un terreno peligroso, dentro de una emergencia sin precedentes. De ahí que casi todas las frases de los ministros tengan un tono defensivo.
El viernes, sin embargo, uno de los miembros del comité que asesora al Ejecutivo, Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Clínico de Barcelona, dijo que sería «sensato» mantener la paralización.
Ese mismo día, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abandonó su habitual tibieza y alertó del riesgo de relajar las restricciones. Adhanom destacó la desaceleración del coronavirus en países como España e Italia, pero también advirtió: «Deseamos como el que más ver el fin de los confinamientos, pero si se hace demasiado deprisa puede producirse un repunte mortal».
Asimismo, la OMS está en alerta, ya que investiga el caso de 91 personas surcoreanas contagiadas por covid-19 que habrían recaído tras ser dadas de alta. Por lo que el virus podría haberse reactivado.
