Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tienen desde este miércoles sobre la mesa una ponencia que propone anular la prohibición de los toros aprobada por el Parlament de Catalunya el 28 de julio del 2010. Lo más probable es que se debata y se apruebe dentro de dos semanas, pero la noticia ha reabierto ya la guerra entre pro y antitaurinos y amenaza con arrojar más combustible al enfrentamiento entre la Generalitat catalana y el Estado al amputar otra competencia que solo el PP discutió en su día que correspondiera a Cataluña.

La cuestión competencial es precisamente el principal argumento en que se basa la ponencia. Su autora, Encarnación Roca, sostiene que al prohibir los toros Cataluña invadió competencias del Estado. Fuentes del alto tribunal califican el asunto de «sencillo», por lo que no esperan un gran discusión cuando los 11 magistrados que componen el pleno empiecen a deliberar el asunto. Todo indica que el dictamen final estimará el recurso del PP anulando la prohibición.

Roca, catedrática de Derecho Civil por la Universitat de Barcelona, fue elevada al Constitucional con el aval de la antigua CiU, aunque algunos recuerdan que por entonces el interlocutor de la coalición en Madrid era Josep Antoni Duran Lleida.

El TC ha tenido guardado en un cajón el recurso más de seis años, durante los cuales ha estado vigente la prohibición aprobada por el Parlamenta por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. Una sentencia desfavorable será también un revés a una norma surgida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por la plataforma Prou! y avalada por 180.000 firmas.

OTRAS MEDIDAS // La respuesta apuntada por el Gobierno catalán sugiere que este podría seguir un camino parecido al transitado precisamente por la ley antidesahucios, resucitada este martes por el Consell Executiu a través del proyecto de ley del Derecho a la Vivienda para personas en riesgo de exclusión social. A ley muerta, ley puesta.

Los colectivos antitaurinos ha lanzado ya sus primeras advertencias. La plataforma Prou! prepara recursos ante tribunales internacionales y el Ayuntamiento de Barcelona asegura que todos los estudios jurídicos están a punto para blindar la ciudad frente a las corridas. H