La ley era aparentemente tan inocua y bienintencionada que el Congreso la aprobó por unanimidad, y Barack Obama la firmó sin objeciones. Fue en abril del 2016, en pleno apogeo de la epidemia de analgésicos opioides y heroína que ha desatado la mayor crisis de drogodependencia en la historia moderna de Estados Unidos, un drama con más de 200.000 muertos en los últimos 17 años. Pero aquella norma supuestamente concebida para que los pacientes con dolores crónicos recibieran su medicación sin contratiempos tenía trampa. Su propósito no era otro que maniatar a la agencia antidrogas (DEA) en sus esfuerzos para perseguir a las distribuidoras sospechosas de abastecer a los médicos y farmacias sin escrúpulos que alimentan el mercado negro de pastillas opioides con el único fin de engordar sus cuentas bancarias.

INVESTIGACIÓN // Las maniobras de pasillo de la industria farmacéutica, con sus donaciones millonarias a las campañas de los políticos, fueron esenciales para que la ley fuera aprobada. Pero la industria no actuó sola, como ha demostrado una explosiva investigación conjunta de The Washington Post y 60 Minutes, el programa de reportajes de la CBS. Contó con la colaboración de varios congresistas, que se encargaron de promover la ley y doblegar la resistencia inicial de la DEA y el Departamento de Justicia. Al frente de la campaña estuvo el congresista republicano por Pensilvania Tom Marino, el hombre elegido el pasado septiembre por el presidente Donald Trump para ser su zar antidroga, el futuro director de la Oficina Nacional de Control de Drogas.

Marino tuvo que renunciar el martes al cargo tras destaparse el escándalo y airearse que recibió 92.000 dólares de la industria farmacéutica desde el 2013. No fue el único. Los 23 congresistas que apadrinaron las cuatro versiones de la ley, incluida su formulación final, recibieron 1,5 millones de dólares. El escándalo ha estallado en vísperas de que Trump declare la semana que viene la emergencia nacional por la crisis de los opioides y la heroína, como dijo, si bien no sería la primera vez que aplazara la decisión.

«Esta industria está fuera de control. Si no cumplen con la ley que regula la distribución de medicamentos, y los fármacos se desvían para fines ilícitos, la gente muere. Es así de sencillo», ha asegurado Joseph Rannazzisi, quien fuera responsable al frente de la DEA de prevenir el desvío de fármacos opioides al mercado negro. Sin embargo, Rannazzisi fue destituido en el 2015.