Está considerada como la esclavitud del siglo XXI. La trata de seres humanos extiende sus poderosos tentáculos por todo el mundo, conectando países a través de la prostitución, el tráfico de órganos y los trabajos forzosos. En España no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a núcleos urbanos de tamaño medio como Castellón y a pequeñas localidades como Benassal, donde precisamente se llevó a cabo, hace escasos días, la última operación policial a nivel provincial.
La misma se saldó con tres ciudadanos rumanos detenidos por retener bajo llave a una mujer, de 50 años, para obligarla a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, como avanzó Mediterráneo en exclusiva.
Y es que la lucha de las autoridades policiales y judiciales contra esta lacra es incansable. Hasta el año 2010 el delito de trata de seres humanos no se regulaba en el Código Penal de forma independiente y autónoma. Fue entonces cuando, a través del artículo 177 bis, se le otorgó la importancia que le corresponde.
Desde entonces, cuando se empezaron a contabilizar los datos de trata como tal, se han producido en la provincia de Castellón hasta 51 detenciones, entre Guardia Civil y Policía Nacional, y 36 localizaciones de víctimas, según datos de la sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial, encargada de trabajar codo con codo con los investigadores, así como asistir y proteger a las afectadas por esta forma de esclavitud.
LA VÍCTIMA, TESTIMONIO CLAVE
El testimonio de la víctima es esencial para poder detener, acusar y condenar a los responsables de la explotación sexual y, en muchas ocasiones, estas rehusan denunciar por temor a las represalias contra ellas mismas o sus familiares. Aún así, las fiscales de la sección de Extranjería intentan evitar la «revictimización de la afectada», minimizando en la medida de lo posible sus declaraciones, para que no tengan que pasar por el trance de revivir la experiencia demasiadas veces.
Las mujeres afectadas por este tipo de delitos en Castellón son, mayoritariamente, de nacionalidad rumana y nigeriana, captadas siendo todavía unas niñas. Con 14 años ya las traen desde sus países de origen. En algunos casos, esa edad baja hasta los 11. En el caso de las adultas, son engañadas con falsas promesas de trabajo en la hostelería o como asistentas domésticas y cuando llegan a España, sus captores les dicen que deben prostituirse para pagar la deuda que han contraído con la mafia que les ha costeado el viaje a Castellón.
Estas redes de trata mantienen a las menores en pisos hasta que dejan de tener un aspecto aniñado y es entonces cuando las llevan a clubs o exteriores como la zona del camí Caminàs, donde ejercen, indocumentadas.
MENORES EN LA CALLE
Con 16 o 17 años es fácil que los agentes de policía tengan dificultades para detectar si son menores o mayores de edad. Cuando sospechan que una joven que ejerce puede tener menos de 18 años, se la llevan y recurren a la conocida como prueba médica de la muñeca --un estudio óseo que ayuda a calcular con precisión la madurez del esqueleto de la persona.
En la atención a las víctimas no solo se implican la Fiscalía, la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también oenegés e instituciones en el ámbito sanitario, educativo y social. En el caso de las menores, la dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas las ampara dentro de su sistema de protección y, cuando se trata de mujeres que quieren regresar a su ciudad de origen, el Ministerio Público tramita su inclusión en programas internacionales de devolución para que las víctimas de trata tengan una segunda oportunidad en su país.
