En la provincia de Castellón casi 600 ciudadanos solicitaron específicamente el pasado 2017 el certificado para acreditar que no son pederastas, según datos de la Delegación del Gobierno en la Comunitat. Sin embargo, ese número podría ser muy superior teniendo en cuenta que 2.556 castellonenses pidieron durante el pasado año el alta en el sistema on line cl@ve que permite descargarse de forma automática y desde casa ese mismo informe.

La aportación del certificado de antecedentes de naturaleza sexual es obligatoria para trabajar con menores de edad desde que en marzo del 2016 entró en vigor la modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia --una medida que aprobada en julio del 2015--.

No solo lo necesitan los docentes --tanto maestros, como profesores--, sino también monitores de actividades extraescolares o de comedor, entrenadores de categorías infantiles, pediatras, enfermeros, conductores de autobuses escolares, conserjes y también los sacerdotes. Fuera del ámbito de la empresa, debe pedirse también a miembros de asociaciones o entidades sociales que estén en contacto con niños y niñas, así como a voluntarios de oenegés.

Desde que la norma entrara en vigor en el 2016, en Castellón se han tramitado más de 4.500 certificados. La medida afectó a miles y miles de profesionales, tanto a quienes se incorporaban a un nuevo puesto, como a los que llevan décadas en contacto con los niños. La modificación de la citada ley provocó un aluvión de solicitudes de trabajadores que ya estaban ejerciendo en ese momento en el sector educativo y, a lo largo del 2017, la cifra de solicitudes se estabilizó tras el primer repunte.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Y es que Educación obliga, desde marzo del 2016, a todos los maestros a demostrar que no han sido condenados por agresión sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación y corrupción de menores.

Por su parte, Sanidad hace lo mismo, aunque solo con los nuevos trabajadores. Los obispados de Segorbe-Castellón y Tortosa piden también desde entonces el certificado del registro de delincuentes sexuales a curas, catequistas y también los monitores.

Otros 840 vecinos de Castellón pidieron el pasado año el certificado de antecedentes penales en el que figuran todos los delitos.

«Saber la cifra exacta de quienes lo piden es casi imposible, ya que hay diversas fórmulas para solicitar el documento», explican fuentes del Ministerio de Justicia. Los profesionales con obligatoriedad de presentar el certificado ven «muy apropiada» la medida y dicen que «toda precaución es poca para garantizar el bienestar de los niños y niñas».