La Audiencia Provincial sentó ayer en el banquillo a tres personas por una presunta estafa inmobiliaria en Almassora. Dos de los procesados, tío y sobrina (quienes fueran administrador y apoderada de una promotora), negaron que existiera engaño o abuso alguno en la venta de un local para montar un restaurante. La mujer, que figuraba como apoderada, alegó que solo firmaba lo que le decían y que su padre, ya fallecido, «era el que dirigía la empresa». Su tío dijo que había sido «albañil toda la vida» y que no pisaba la oficina para nada. «Yo confiaba totalmente en mi hermano», mantuvo.
Ambos están acusados de haber cobrado una importante suma de dinero a dos hermanos por la venta de un local, a sabiendas presuntamente de que no iban a destinar esos pagos a cancelar la hipoteca. La Fiscalía considera que, al percatarse de la mala situación económica de la mercantil, la vendieron a un tercer acusado. Respecto a él, el Ministerio Público dice que siguió recibiendo el dinero de los afectados y pide para cada uno de ellos cinco años. Así, la fiscal sostiene que las víctimas abonaron 60.000 euros y, posteriormente, 2.000 al mes durante varios años hasta llegar a 130.000. Una de las denunciantes declaró ayer que ahora no tiene «ni local, ni dinero». «Me hicieron un lío total y no me avisaron de los cambios de titularidad de la empresa», declaró la mujer. La vista continúa mañana.
