La Audiencia Provincial de Castellón revisa la condena impuesta a los dos menores sentenciados por el asesinato de Miguel Navarro --Maikel--, el crimen más macabro de los últimos años, tras los recursos presentados por los abogados defensores a la sentencia dictada por el Juzgado de Menores el pasado mes de septiembre.

Cabe recordar que los implicados, de 15 y 18 años, tenían 14 y 17 cuando tuvo lugar el terrible crimen del camí d’en Riera --donde mataron al joven a hachazos y enterraron su cuerpo en un huerto--. Dos de los tres autores materiales de la muerte --un tercero, mayor de edad, está pendiente de juicio-- fueron condenados a cinco y ocho años de internamiento cerrado, respectivamente, en un centro de menores y la magistrada les impuso, asimismo, cinco y tres años de libertad vigilada.

Sus letrados han remitido sendos recursos ante el máximo órgano provincial, que el próximo 9 de enero celebrará una vista para abordar la citada sentencia, según ha podido saber este diario.

La jueza Raquel Alcácer los condenó, además, a indemnizar a los familiares de la víctima con 620.000 euros, a través de sus padres y dos compañías aseguradoras como responsables civiles.

Entre las cantidades decretadas, destacan las de la mujer de Maikel, para quien la magistrada consideró 120.000 euros, y las sumas de cada uno de sus dos hijos, que recibirán otros 130.000.

El forense confirmó durante la celebración del juicio que la víctima recibió entre 10 y 12 hachazos en la cara y en la cabeza. Su cuerpo sin vida fue atado con una cuerda y el cadáver, plegado en posición fetal. En el momento de practicar la autopsia, el forense apreció que la ropa de la víctima desprendía un fuerte olor a gasolina. Un hecho que llevó a los investigadores a valorar que sus asesinos pensaron, incluso, en prenderle fuego. Finalmente, desecharon esa idea y acabaron enterrando el cuerpo en un huerto de naranjos que está anexo a la casa del camí d’en Riera de Castellón donde fue asesinado.

Allegados de la víctima se concentraron durante las tres sesiones del juicio a las puertas de la sede judicial, con pancartas que pedían justicia y mostraban el rostro de Miguel Navarro.

Durante la última sesión del juicio, un centenar de allegados de la víctima irrumpieron en la sala y tuvieron que ser desalojados. La magistrada ordenó que se investigara si cuatro familiares del fallecido, que gritaron y aporrearon la puerta, pudieron cometer delitos de amenazas y obstrucción a la justicia.

Debido a todos estos altercados, la Fiscalía pedirá que el juicio contra el adulto implicado en el crimen se celebre a puerta cerrada el próximo año.