Dos años y nueve meses de cárcel por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de violencia de género. Es la pena a la que se enfrenta un hombre, acusado de asaltar la casa de su expareja en Vila-real y apalearla hasta que una vecina dio el aviso a las autoridades.

Los hechos sucedieron, según sostiene la Fiscalía, el 25 de septiembre del 2017. El procesado mantuvo, supuestamente, una discusión en la calle con quien había sido su pareja sentimental. Más tarde, el varón se trasladó hasta casa de ella y comenzó a aporrear la puerta, mientras la mujer se encontraba dentro.

Según el escrito del fiscal, el hombre llegó a romper la entrada del domicilio y penetró en el interior, sin el consentimiento de la afectada. Al encontrarla comenzó, presuntamente, a propinarle golpes, hasta la llegada de una dotación policial, que había sido alertada por una vecina.

LESIONES / A consecuencia de la violencia empleada por el acusado, la víctima sufrió hematomas y excoriaciones, así como un estado de ansiedad e inestabilidad emocional. Además de la pena de cárcel anteriormente mencionada, el Ministerio Público aboga por la prohibición de tenencia de armas durante tres años y pide una orden de alejamiento para que no pueda estar a menos de 500 metros de la denunciante por tiempo de tres años.

En el apartado de la responsabilidad civil, el presunto autor debería indemnizar al Ayuntamiento de Vila-real, que se hizo cargo de los desperfectos en el inmueble, en la cantidad de 468 euros.

En Castellón se han celebrado en los últimos tres años más de una docena de juicios con jurado popular en los últimos dos años, muchos por homicidios y asesinatos. Casi todos los procedimientos acaban con veredicto de culpabilidad, aunque en junio del 2019 cinco miembros de una familia fueron absueltos de inducir el asesinato de un vendedor ambulante del mercado de Vinaròs en el 2008.

El crimen de Maikel --2018--, el homicidio del Eurosol y el crimen de los perros de Benicarló --2016-- o el doble asesinato de Càlig --2015-- son algunos de los juicios con jurado popular celebrados en los últimos tiempos en la capital de la Plana. En la mayoría de las ocasiones, los jurados analizan delitos de sangre, aunque pueden enjuiciar otros supuestos de tipo económico, omisión del deber de socorro, negociaciones prohibidas, etc.

Cada miembro del tribunal cobra por día 67 euros y cuenta con dietas incluidas y alojamiento en hotel en caso de que fuera necesario que pasara la noche en plena deliberación de veredicto, un hecho poco frecuente.