La Policía Nacional impidió la puesta en marcha de una fábrica clandestina de tabaco en Elche (Alicante) e intervino material con el que podrían haber elaborado cerca de 40 millones de cigarrillos --unos dos millones de cajetillas-- y defraudado más de 6,5 millones a la Hacienda Pública.

En la operación fueron detenidos cinco ciudadanos búlgaros, miembros de un grupo especializado en delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la hacienda pública.

Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, atendiendo a sus condiciones de salubridad, las instalaciones «podrían haber causado daños importantes a la salud de los usuarios».

Además, con su venta habrían vulnerado los derechos de propiedad industrial de dos importantes marcas tabaqueras. La investigación comenzó al tener indicios sobre la posible instalación de una fábrica clandestina de tabaco en la localidad alicantina.

La información apuntaba a que detrás del desarrollo de esta actividad ilícita se encontraba una organización asentada en Bulgaria con ramificaciones en diferentes países de la Unión Europea.

La nave donde pretendían desarrollar esta actividad se encontraba perfectamente acondicionada con habitáculos para la estancia de los trabajadores, con camas y duchas y una zona común.