Los delitos contra la Seguridad Social en Castellón no cesan, con las empresas ficticias como el fraude más frecuente, con 18 pymes y 322 altas irregulares detectadas este año, lo que supone triplicar las cifras y casi igualar en seis meses los casos de los últimos tres años. Una picaresca, «la más preocupante», aunque «al menos, se ha conseguido controlar», según destacó ayer el director provincial de la Tesorería General de Seguridad Social y presidente de la nueva comisión provincial antifraude. Tras su constitución ayer, la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, abogó por «las actuaciones preventivas y la denuncia de conductas irregulares».

Precisamente, la unidad antifraude aprovecha el Big Data para detectar patrones de fraude, pero sin más recursos ni personal.

El balance del primer semestre de este 2019 arroja, en Castellón, la simulación de relaciones laborales en 18 empresas total o parcialmente fantasma y confirma una escalada con casi un centenar desde el 2016. Consiguientemente, se han anulado 322 movimientos de alta en la Seguridad Social fraudulentos, de empleados que no eran tales, pues las empresas no desarrollaban ningún tipo de actividad y solo se perseguía que se beneficiaran posteriormente de prestaciones.

Las más de 300 altas fraudulentas detectadas de enero a junio triplican las cifras del 2018 (90) y casi alcanzan las 336 detectadas entre el 2016 y el 2018.

Estas tramas emergen en pequeños negocios de servicios, «que requieren menos infraestructuras para ponerse en marcha, a diferencia de la industria, con más estructura y representación sindical». «Si no pagan la cotización desde el primer día. Se actúa al inicio y se remite a la Inspección», relató. Uno de los últimos golpes se dio en julio, junto a la Policía Nacional, en varias provincias. En ocasiones están implicadas mafias extranjeras a las que es difícil seguir la pista.

En Castellón se han evaluado este año a 77 sujetos, con 12 en acción judicial y dos ya condenados. Cara al futuro, pondrán el ojo en el fraude de «sucesiones de empresas no declaradas, morosidad y declaraciones concursales».