Condenadas a 21 meses de cárcel, a pagar una multa de 1.116 euros y a devolver los 72.764 con los que se quedaron de una estafa inmobiliaria en Almenara. Es la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a dos mujeres, contratadas para la comercialización de 16 apartamentos en la zona de la playa --avenida del Mar, 16-- que ya se encontraban hipotecados y, algunos de ellos incluso embargados.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Mediterráneo, las procesadas reconocieron los hechos y alcanzaron un pacto con la Fiscalía. Han sido condenadas por un delito de estafa agravada, con las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

Los hechos sucedieron en el 2011. Uno de los administradores de una promotora (no procesado porque falleció durante la instrucción) contactó, a espaldas de su socio (ahora absuelto), con las comerciales condenadas para que revendieran de manera ilegal unos adosados sobre los que pesaba una hipoteca de 4,1 millones de euros --260.000 por vivienda--. «El fallecido, aún sabedor de su deuda, que era inasumible y que no había obtenido del banco ni refinanciación ni quita; decidió ofrecer a la venta las casas y ocultar la existencia de los gravámenes, siendo consciente de que los chalets no se podían vender ni escriturar», reza la sentencia.

‘MODUS OPERANDI’ / Contactó con las condenadas, siendo estas conscientes de la realidad hipotecaria de las casas. Según han reconocido ellas mismas, el mecanismo de engaño era enseñar las viviendas, que eran vendidos varias veces a personas distintas por precios que oscilaban entre los 110.000 y los 150.000 euros. Prometían a los afectados, incluso, reformas y la equipación con electrodomésticos y solicitaban reservas de 500 euros por los pisos. Más tarde, formalizaban un contrato de arras (de 20.000 a 30.000 euros) firmado por una de las sentenciadas y poniendo de manifiesto que las viviendas carecían de cargas, llegando a presentar incluso una fotocopia (falsa) para atestiguarlo.

Las dos acusadas se quedaron con el citado dinero, si bien procedieron a devolver para de él cuando las víctimas se daban cuenta de las dobles ventas o de que los inmueblen tenían cargas.

En total, se apoderaron de 72.764 euros que ahora el tribunal las ha sentenciado a devolver en concepto de responsabilidad civil. Los magistrados han aprobado la suspensión de la pena de prisión, a la que no entrarán si no delinquen en un plazo de cinco años y siempre y cuando abonen el dinero que deben en los próximos cuatro años --en 48 mensualidades establecidas--.