Unos padres han sido condenados por el juzgado de lo Penal número 1 de Castellón al pago de 4.650 euros por enviar una serie de cartas a los funcionarios de los Servicios Sociales, después de que el juez del juzgado de Familia les retirara la custodia de sus tres hijos, de tan solo cuatro, dos y un año, e ingresaran en el centro de acogida Penyeta Roja con el objetivo de que fueran finalmente adoptados.

Mediterráneo ya se hizo eco en su día, en el 2014, de la situación de desamparo de los tres menores, a los que los padres, como constaba en la sentencia judicial, no daban de comer presentando los tres un estado «deplorable», con signos de «desnutrición y problemas graves en su desarrollo», además de ir sucios e incluso tener marcas de haber sufrido malos tratos en casa.

Las cartas que enviaron los progenitores iban dirigidas a la directora de Penyeta Roja, a la directora del centro de acogida, al pediatra, a la psicóloga y al jefe del Servicio de Acción Social de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social. Así, como consta en la sentencia, «les amenazaron diciéndoles que lo iban a pagar caro, que estaban medicando a sus hijos para que no se acordaran de nada, que eran unos impresentables, unos sinvergüenzas, que les pagaban 3.000 euros por cada niño, que eran unas personas rastreras, miserables, ladronas de niños y que pegaban y maltrataban a los pequeños». También, con referencia a los anteriores y otros funcionarios y trabajadores sociales, reiteraron frases del mismo tenor, acusándoles de haber «falsificado documentos» y de cometer «delitos de cohecho y prevaricación», entre otras imputaciones.

EL JUiCIO // Durante el juicio, la madre, que sufre una minusvalía psíquica del 38%, aseguró que como es analfabeta y no sabe leer ni escribir, ella no había redactado las cartas. No obstante, sí llegó a reconocer que la firma era suya. Por si hubiera alguna duda sobre la autoría de las mismas, su marido y padre de los niños sí declaró en la sala que era él quien las escribía y que se las leía a su mujer, quien, tras tener conocimiento de su contenido, las firmaba, en señal de consentimiento.

LA HISTORIA // Los hechos se remontan al año 2010, cuando la dirección territorial de Bienestar Social de Castellón abrió un expediente de protección de menores respecto a los tres niños. Al parecer, las autoridades tuvieron conocimiento de que a la madre de los pequeños ya le habían retirado la custodia de otros dos hijos mayores por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, durante la investigación de la situación de los menores --que entonces vivían en Albocàsser--, descubrieron que al padre le constaban numerosos antecedentes por robos.

Los Servicios Sociales se percataron de que los dos hijos de 4 y 2 años (dos niñas) sufrían un retraso madurativo y el más pequeño, un niño de solo un año (al que sus padres dejaban solo en casa durante horas), presentaba una importante desnutrición. «Apenas podía sostener la cabeza y estaba muy delgadito», explicaba en su informe un especialista.

Los padres argumentaron que todo se debía a su pobreza, pero pese a prestarles ayuda y vivienda seguían sin cuidarlos.