Dos hombres y una mujer, todos ellos de origen nigeriano, han sido condenado a penas de cárcel que oscilan entre los cuatro y diez años de prisión por captar, prostituir, amenazar y retener a una mujer y a una menor en Castelló. La Audiencia Provincial los considera culpables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y blanqueo de capitales, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.
Según los hechos que declara probados el tribunal, los procesados, en connivencia con otras personas no identificadas, se dedicaban a captar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica en su país de origen para traerlas a la provincia y explotarlas sexualmente. En el marco de esta red de trata, en el año 2015 convencieron a una madre para que dejara viajar a España a su hija de 17 años, bajo la promesa de trabajar y ganar mucho dinero para ayudar a la economía familiar.
La adolescente viajó a Madrid, acompañada de dos integrantes de la red que fingieron ser sus padres. Cogieron un tren que llevó a la menor a la capital de la Plana y, una vez en Castelló, despojaron a la chica de su documentación y su teléfono móvil y le dijeron que no podía salir de la vivienda. La víctima recibió instrucciones de que debía ejercer la prostitución y pagar una gran deuda que, supuestamente, había generado por los gastos del viaje (50.000 euros).
La menor se negó en rotundo, pero los miembros de la red la amenazaron y le recordaron que en su país la habían sometido a un ritual de vudú. La joven, según reza la sentencia, se vio obligada a tener sexo a cambio de dinero y ejercía la prostitución a diario. Todo el dinero que recaudaba se lo quedaban los tratantes. No tenía libertad de movimiento y cuando recriminaba a los acusados las condiciones en las que se encontraba, estos la amenazaban con causar daño a sus familiares.
En el 2016 otra mujer, esta vez mayor de edad, fue captada en Nigeria y trasladada también a Castelló con el mismo fin. La red sí especificó en esa ocasión a la mujer que debía dedicarse a la prostitución antes del viaje, pero fue víctima de los abusos, amenazas y ritos de vudú de la organización.
Las dos víctimas sufrieron daños morales por estos hechos, mientras los acusados utilizaban el dinero de la prostitución para blanquearlo mediante dos comercios de la capital de la Plana: uno de productos africanos y otro de objetos de segunda mano.
Los investigadores llegaron hasta los negocios, los registraron, confiscaron dinero y efectos y detuvieron a los procesados.
Además de la pena de cárcel, los tres condenados deberán pagar 114.600 euros a las víctimas.
