La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa y a pagar una indemnización de más de 53.000 euros al abogado madrileño --José Javier Sánchez-- que fue juzgado por haberse quedado con las ayudas recibidas por un joven cuya madre fue asesinada víctima de un crimen de violencia de género en Castellón.
La sentencia considera probado que el acusado, abogado fundó en enero 2009 la Asociación española de víctimas de delitos violentos, terrorismo y violencia de género.
En marzo de 2009, la madre de la víctima falleció asesinada por el entonces su esposo, hecho que llegó al conocimiento del procesado por los medios de comunicación por lo que decidió trasladarse a Castellón para ponerse en contacto con los familiares de la mujer asesinada y se citó con el hijo el 30 de marzo, en un encuentro en el que el procesado se ganó la confianza del chico.
En ese primer contacto le indicó que era presidente de una asociación sin ánimo de lucro y se ofreció a "ayudarle de forma gratuita en todo lo que necesitara para defender sus intereses en el proceso penal seguido por la muerte de su madre, y para la tramitación de todas las ayudas disponibles de las Administraciones Públicas y entidades privadas".
El joven le designó como abogado y firmó un poder ante notario para que éste le pudiera representar y que contenía además algunos puntos como que el abogado podría percibir cantidades o indemnizaciones favorables a la víctima o a detraer honorarios de su trabajo como abogado.
Con esto, según el magistrado, el acusado "pretendía dotarse de una apariencia de legitimidad para todos los actos de aprovechamiento y lucro propio que pretendía hacer con todas las indemnizaciones y ayudas que la víctima pudiera obtener como consecuencia de la muerte de su madre".
Con estas artimañas, la víctima, "con muy escasa formación, deprimido por la muerte de su madre, y confiando plenamente en el acusado y en que este actuaba movido por motivaciones puramente altruistas", no pudo comprender "el contenido y el alcance de aquel apoderamiento", por lo que se limitó a suscribir siguiendo las instrucciones recibidas".
Continuando con esta "estrategia", el acusado abrió junto con la víctima una cuenta bancaria en la que ambos figuraban como "cotitulares" y en la que se incluyeron los datos del abogado como contacto.
A finales de 2013, la víctima se encontraba en una situación de "penuria" económica y una amiga de su madre se ofreció a ayudarle para cobrar un seguro, pero al ir a solicitar información al juzgado comprobó que el joven había recibido una ayuda económica por más de 53.000 euros que la habían ingresado en la cuenta en la que era cotitular pero de la que se había apropiado el acusado.
El magistrado apunta que "dada la confianza plena" que tenía la víctima con el acusado -fundada en el hecho de que este decía intervenir de forma gratuita y a través de la asociación- y ya que nunca le había reclamado contraprestación alguna, aquel firmaba "todos los documentos que el acusado le presentaba para que los firmara".
Y en ese contexto firmó un documento denominado por el acusado "hoja de encargo profesional" para "cubrir de aparente legalidad su ilícito proceder".
La sala considera los hechos constitutivos de un delito de estafa y le condena a una pena de dos años de prisión y una multa de 2.700 euros y a indemnizar a la víctima con 53.778 euros, declarándose la responsabilidad civil directa a una aseguradora (que podrá asumir 18.000 euros de esa cantidad)
