Jessica, la mujer que fue acribillada por su expareja el miércoles en Elda, falleció ayer tras permanecer un día en muerte cerebral. Antes de su fallecimiento diferentes representantes públicos coincidían en la necesidad de revisar los protocolos de actuación tras las denuncias de mujeres. Este último caso de violencia machista es especialmente paradigmático porque existían cuatro denuncias y diversas medidas cautelares en marcha. De hecho, ayer el agresor, que se suicidó tras acribillar a la mujer en la puerta del colegio Santo Negro en presencia de su hijo, de otros niños y numerosos padres y profesores, debía haber sido sometido a un juicio por la última de esas denuncias.

Según informó el TSJCV, la primera denuncia fue en el 2014 pero en el juicio la víctima se negó a declarar y el agresor fue absuelto. Dos años después sí que fue condenado por un delito de lesiones pero al reconocer los hechos se benefició de la reducción de la pena, por lo que fue condenado a ocho meses de alejamiento. La tercera denuncia se produjo este 2 de noviembre por amenazas y el juzgado dictó como medida cautelar hasta que se celebrara el juicio una orden de alejamiento de 300 metros y comunicación.

Según recordó el TSJCV, ni la Fiscalía ni la víctima pidieron otras medidas y el magistrado ordenó comunicarlas a las fuerzas de seguridad así como a las diferentes administraciones públicas competentes. El caso es que dos días después, el agresor quebrantó la orden al llamar a la víctima a través de terceras personas, por lo que, tras una cuarta denuncia, fue detenido el pasado martes, pero el juzgado de guardia lo puso en libertad porque no hubo nuevas amenazas, aunque quedó como investigado por un posible delito de quebrantamiento de una medida cautelar.