Quitarle la vida a cualquier persona constituye un crímen condenable tanto a nivel judicial, como social. Pero si la víctima es un familiar directo del homicida, como por ejemplo un padre, una madre o un hijo, el caso se torna todavía más incomprensible y contra natura.
En menos de dos meses Castellón ha registrado dos parricidios que han conmocionado a la provincia. Un hecho nada habitual. El último de ellos, se ha producido esta misma semana, con la muerte a golpes de una anciana de 83 años a manos de su hijo, un hombre de 57 que ya ha ingresado en prisión preventiva. Todo apunta a que sufre algún tipo de trastorno mental, por lo que la jueza de Vinaròs que decretó su ingreso en la cárcel ha pedido una evaluación psiquiátrica del arrestado, así como también seguimiento en el centro penitenciario.
Cabe recordar que el susodicho salió de la casa de campo que compartía con su progenitora --situada en una zona rural, entre naranjos y cercana al camí Sant Gregori-- totalmente ensangrentado y en ropa interior. Se dirigió hacia la cercana estación de trenes de Vinaròs y dijo a trabajadores de Adif que lo habían secuestrado y torturado. Los empleados, alertados por su estado, se pusieron en contacto telefónico con las autoridades.
La Policía Local y la Guardia Civil se presentaron allí, lo acompañaron hasta el domicilio y descubrieron el cuerpo sin vida de la anciana, que había recibido múltiples golpes por parte del hombre, de complexión corpulenta.
Evaluación psiquiátrica
Todo apunta a que el presunto parricida puede sufrir esquizofrenia, pero deberán ser los forenses quienes determinen si es el trastorno que padece y si ello puede eximirle de su responsabilidad penal o si afectaba, parcialmente, a sus capacidades cuando acabó con su madre.
El pasado mes de septiembre un caso sin precedentes en Castellón unió a la provincia en una condena firme y unánime de los crímenes de género. Ricardo Carrascosa, de 48 años y natural de Jaén, asesinaba a sus dos hijas, de solo dos y seis años, y posteriormente se suicidaba tirándose desde la ventana de su vivienda.
El susodicho no tenía antecedentes penales, pero sí fue detenido en febrero, tras denunciarlo su expareja y madre de las niñas por amenazas de muerte hacia ella y las propias pequeñas, como avanzó este diario entonces.
Carrascosa había dicho a su exmujer que se iba «a cargar» a «lo que más quería» y que «podría ir despidiéndose» de las menores.
La mujer lo denunció, pidió orden de alejamiento y la suspensión de las visitas parentales, pero ambas cosas le fueron denegadas por la justicia. Su expareja aprovechó una de las noches en las que las menores pernoctaban en su piso de la calle Río Adra de la capital para matar a las menores con un hacha y hacerle, así, el máximo daño posible a su víctima final -la madre- a través de sus hijas.
El caso sacudió a la provincia por su crueldad y las muestras de repulsa al asesino y de apoyo a la madre se sucedieron de norte a sur y de este a oeste.
En 2016 el asesino Óscar Lozano --condenado a 70 años de cárcel-- mató a su mujer e intentó lo mismo con sus dos hijos, que pudieron recuperarse.
