La Policía Nacional detuvo ayer a 28 personas y desarticuló una compleja red de tráfico de migrantes de Marruecos a las islas Canarias y la Península que operaba en diferentes puntos, entre ellos Castellón, a la que se considera responsable del traslado de, al menos, 20 pateras por las que habría obtenido más de 350.000 euros.

La operación policial, denominada Vulcano y en la que participaron 150 agentes, se llevó a cabo en colaboración con Europol y se desarrolló en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, Ibiza, Castellón y Calatayud, según informó la policía a través de un comunicado.

De los 28 detenidos, cinco se encuentran en prisión y se les acusa de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tres de ellos fueron detenidos en Castellón, donde también se realizaron varios registros en domicilios, además de en Fuerteventura y Tenerife, que se saldaron con la intervención de 5.630 euros en efectivo, 17 teléfonos, material informático y documentación.

La operación consiguió abortar la salida de ocho pateras en dirección a las islas Canarias, todas ellas procedentes de Marruecos, y una de las embarcaciones estaba dispuesta para partir de forma inminente con 34 personas.

CÓMO ACTUABAN / Los migrantes pagaban entre 1.000 y 2.000 euros por adelantado para viajar en las pateras sin chalecos salvavidas y la policía calcula que habrían obtenido beneficios superiores a los 350.000 euros.

Existían miembros a ambos lados del océano y desde Marruecos planificaban los viajes y captaban a los migrantes, encargándose de su alojamiento y traslado hasta el punto de salida de la embarcación. En las islas Canarias se encontraba la otra rama de la organización criminal y la actividad de sus integrantes pasaba desapercibida al encontrarse perfectamente integrados.

Las pateras, una vez que llegaban a tierra, lejos de dejarlas abandonadas, regresaban a Marruecos para reutilizarlas en un nuevo viaje y, en total, habrían logrado introducir en España de manera irregular a más de 180 personas de este modo.