Meses de investigaciones han dado sus frutos en Burriana, donde la Guardia Civil ha conseguido desmantelar un punto caliente de venta de cocaína, junto a la CV-18 y muy próxima a la ermita de la Sagrada Familia.

Fue el jueves pasado cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y perros del Servicio Cinológico de Valencia dieron apoyo a efectivos de la zona para practicar la entrada y registro en una finca de titularidad privada, donde se había detectado un trasiego sospechoso de personas, con salidas continuas de vehículos. Según ha podido saber este periódico, el dueño de la parcela, de 38 años, se encontraba en la vivienda en el momento de la intervención y fue sorprendido in fraganti cuando intentaba huir con una bolsa que contenía droga.

Los guardias civiles procedieron a su arresto y revisaron la casa en profundidad, encontrando unos 43 gramos de cocaína, así como diverso material empleado para su preparación y comercialización (básculas de precisión, envoltorios de plástico, cierres etc.), y también dinero en efectivo. Asimismo, al susodicho le fueron intervenidos 21 cartuchos de escopeta, 48 para armas de fogueo y una caja de balines para una pistola de aire comprimido.

La Benemérita llevaba meses controlando la zona y había realizado numerosas actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes, lo que motivó la autorización judicial para la entrada y registro de la finca.

En 2017 --el último ejercicio del que hay datos cerrados del Ministerio del Interior-- se incautaron en la provincia de Castellón ocho kilos de cocaína. Diez años antes, fueron nada menos que 730.

DECOMISOS / Mientras los decomisos de este tipo de droga han ido a menos en los últimos tiempos, los de marihuana han crecido exponencialmente y es que, como publicara este diario, las intervenciones de cannabis se han multiplicado por diez en la última década. Burriana, Castelló, Almassora, l’Alcora o Vila-real son solo algunas de las localidades en las que se han desarrollado recientemente actuaciones.

Como indican asociaciones profesionales y sindicatos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen serios problemas para su almacenaje hasta que se ordena judicialmente la destrucción de los ejemplares. Según fuentes consultadas, los agentes se han visto obligados, incluso, a guardar las plantas intervenidas en plazas de garaje o en los patios de cuarteles y comisarías, con el olor a cannabis inundando durante días las dependencias.