Un empresario agrícola de Benicarló ha sido detenido por la Guardia Civil tras comprobar que tenía trabajando para él a un grupo de temporeros sin darles de alta en la Seguridad Social, por lo que ha sido imputado como supuesto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores, falsificación documental y contra la Seguridad Social, según han confirmado fuentes oficiales.
La investigación se inició el pasado 10 de julio, cuando en uno de sus habituales dispositivos de seguridad ciudadana, la Guardia Civil dio el alto a un vehículo ocupado por siete personas. El primer indicio que les hizo sospechar fue que cinco de ellos intentaron esconderse entre los enseres que transportaban en la furgoneta en la que venían de trabajar en el campo. No tardaron en comprobar que ninguno de ellos contaba con algún tipo de documentación que pudiera identificarles.
Sospechas fundadas
Los investigadores de la Benemérita iniciaron las pesquisas para recabar la mayor información posible sobre la empresa que empleaba al grupo de temporeros, lo que les llevó a realizar consultas en distintos organismos oficiales, que complementaron con la indagación de los pormenores relacionados con la gestión de los asuntos laborales y financieros del ahora detenido, lo que les llevó a ratificar «las graves irregularidades cometidas por el propietario de la empresa».
En la Guardia Civil confirmaron ayer que la detención de este vecino de Benicarló de 49 años se produjo el día 18 de agosto, una vez habían obtenido las pruebas que demostrarían que no solo tenía trabajando para él a personas sin contrato, sino que además, «utilizaba documentación de terceras personas para dar de alta a otros trabajadores que no contaban con permiso de trabajo ni residencia». Por si fuera poco, las condiciones laborales «eran deficientes», pues «no les proporcionaba material sanitario, tipo guantes o mascarilla, ni los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de su actividad».
Concluida la investigación, la estimación sobre el dinero que este empresario supuestamente habrá defraudado a la Seguridad Social ronda los 11.000 euros.
El marco de este procedimiento se enmarca en la lucha contra la trata de seres humanos, en manos del equipo de la Policía Judicial de los juzgados de Vinaròs. Una de las intervenciones más importantes en este sentido llevado a cabo este año fue la que supuso la liberación en febrero de 61 temporeros, en una red de explotación que operaba en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida.
