El altercado protagonizado el domingo pasado en la Vall d’Uixó por un hombre que se atrincheró en su vivienda --tras haber amenazado a su expareja con dos machetes y a la Policía Local con un arco y flechas-- se ha resuelto con una condena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, como confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Como avanzó ayer Mediterráneo, el condenado --residente en la Vall y de 50 años-- fue procesado el lunes en un juicio rápido --menos de 24 horas después de su detención--. La vista acabó en un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular --que ejerce la víctima-- y la defensa del valldeuxense arrestado.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

Atendiendo a las circunstancias en las que se produjeron los hechos, de los que fueron testigos numerosas personas en la calle San José, la magistrada le impuso al agresor dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y una orden de alejamiento por la que no podrá acercarse a menos de 300 metros de su víctima. Asimismo, tiene prohibido comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho meses, según informaron las citadas fuentes judiciales a este diario.

Eran las 17.00 horas del día 3 cuando varios vecinos se vieron sobresaltados por los gritos del detenido en medio de la vía pública. No tardaron en comprobar que estaba muy alterado, al tiempo que empuñaba dos machetes. Su expareja, con la que pudo haber mantenido una discusión previa, se había refugiado en la casa de una vecina. El agresor golpeó insistentemente la puerta hasta romper un cristal.

Por este incidente, los propietarios de la vivienda también presentaron denuncia y la sentencia recoge una resolución al respecto. La jueza lo considera culpable de un delito leve de daños, por lo que también lo condena a pagar una multa de 20 días con cuota diaria de cinco euros, según el TSJCV. El juzgado de Vila-real que centraliza la violencia de género de los partidos judiciales de Nules y Segorbe dictó una sentencia firme que incluye «una orden de protección que lleva aparejadas medidas civiles consensuadas entre la mujer y el propio acusado» relativa a la guardia y custodia del hijo de tres años que tienen en común, el régimen de visitas respecto a él, así como la pensión alimenticia y el uso de la vivienda familiar.