Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como supuestos autores de cinco delitos de extorsión y amenazas condicionales a empresarios de Castellón y Valencia, a quienes llegaron a exigir 40.000 euros, según desveló ayer la Benemérita a través de un comunicado,

Fue la denuncia del propietario de una empresa ante el cuartel de la Guardia Civil de Benicàssim la que desencadenó la investigación policial. La víctima aseguraba a los especialistas e investigadores que estaba siendo amenazada y extorsionada por un sujeto que le reclamaba «una gran cantidad de dinero», informaron desde el cuerpo de seguridad. Los agentes, tras realizar numerosas gestiones y comprobaciones, averiguaron que un empresario había contratado los servicios de una persona con el objetivo de amenazar y extorsionar a varias firmas que están situadas en Castellón y Valencia.

Así, con esta táctica ilegal que causaba intimidación, exigía el cobro de las facturas impagadas a las empresas para, posteriormente, repartirse lo recaudado con el contratado para llevar a cabo estas actuaciones de extorsión.

REPARTO DE BENEFICIOS

En este sentido, y según las investigaciones de la Guardia Civil, el 60% del dinero reclamado a los empresarios se lo quedaba el presunto extorsionador y el 40% restante era, supuestamente, para el empresario que lo había contratado.

Los ahora detenidos habían exigido un total de 40.000 euros a estas empresas víctimas de los delitos, habiendo conseguido de ellas alrededor de 6.000 euros mediante «graves amenazas», asegura la Guardia Civil.

Como resultado de las investigaciones de los especialistas de la Benemérita, los agentes localizaron y detuvieron finalmente a estos dos hombres, de 36 y 39 años de edad, como supuestos autores de cinco delitos de extorsión y de amenazas condicionales.

CÁRCEL

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de Instrucción de guardia de Castellón, que se ha hecho cargo del caso. Es importante destacar que el artículo 243 del Código Penal dice que «el que, con ánimo de lucro, obligase a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años».