El exempleado de la Caja Rural Sant Vicent de la Vall d’Uixó, acusado de un desfalco de 3,3 millones de euros, negó ayer haber robado dicha cantidad de las cuentas de la entidad entre los años 1998 y 2005, y dijo haber sido víctima de «una gran presión psicológica» por parte de la caja de ahorros y de los vecinos de la Vall. Salvador L.S. no quiso contestar a las preguntas del fiscal ni tampoco a las de la acusación particular y se limitó a responder a su abogado.

«Ese dinero debe estar en alguna cuenta porque yo no operaba con dinero en efectivo y, aunque alguna irregularidad puedo haber hecho, yo no me quedé nada», aseguró el principal acusado, para el que la Fiscalía Provincial pide cinco años de cárcel por apropiación indebida.

Salvador L.S. explicó al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que, para intentar solucionar la situación, puso a disposición de la entidad sus propiedades y dijo que, aunque firmó un documento reconociendo el saqueo, cuando lo hizo «no estaba en condiciones».

El procesado aseguró que, tras el escándalo bancario --uno de los mayores de la historia provincial y el tercero para la caja en apenas un año y medio-- puso en venta varios propiedades y acusó al entonces director de Caja Rural Sant Vicent «de pasearse por todas las inmobiliarias diciendo a la gente que no comprara esas casas porque nosotros le habíamos robado al banco y las iban a embargar».

El extrabajador aseveró que sus cuentas quedaron bloqueadas y lamentó no haber podido pagar «ni el entierro de mi padre ni los estudios de mis hijos» y explicó que hubiese querido «aclarar todo esto para evitar el expolio de toda mi familia».

Su esposa, Rosa I.V.S., también acusada y para quien el Ministerio Público pide cuatro años, sostuvo que el gran patrimonio familiar --el fiscal los acusa de comprar decenas de propiedades por valor de 1,3 millones tras el desfalco-- provenía de los beneficios que proporcionaba la carpintería que tienen en la Vall. Un extremo que pusieron en duda otros empleados de la Caja, que conocían el volumen de negocio de la empresa y sus balances anuales. La mujer, que tampoco contestó a las acusaciones, aseguró que, tras lo sucedido, llegó a recibir amenazas con sufrir «una paliza».

El tercer investigado, Vicente L.S., hermano de Salvador, negó haberse lucrado. «Yo soy carpintero desde los 15 años y el que llevaba las cuentas era mi hermano. Yo confiaba en él y nunca revisé nada», explicó en su interrogatorio. El entonces jefe de operaciones de la Caja explicó que la entidad estuvo «a punto de ser intervenida por este asunto e irse a la quiebra». El juicio continúa hoy con las pruebas periciales.