El Ayuntamiento de Burriana no se personará finalmente como acusación popular en el caso de la presunta agresión sexual y rapto a una menor de 17 años el día de Nochevieja en la localidad. El consistorio, que había estado evaluando dicha posibilidad durante las últimas jornadas con los servicios jurídicos municipales, rehúsa esa opción por petición de la familia, que quiere llevar el caso con total discreción.
El concejal y portavoz del PP en Burriana, Juan Fuster, comunicó este miércoles que su grupo había presentado también en el registro municipal la petición para que el Ayuntamiento de Burriana estudiara la posibilidad de ejercer la acción popular. La instancia reivindicaba la «unión de todos», por encima de ideologías, «para exigir firmeza y contundencia contra violaciones y crímenes». Sin embargo, no es deseo de la familia de la afectada que Burriana se persone en una causa en la que todavía no se sabe si habrá acusación particular.
FISCALÍA / Por su parte, desde la Fiscalía Provincial inciden en que el Ministerio Público actuará con la misma profesionalidad y contundencia tanto si la familia se persona, como si disponen no hacerlo. «Si deciden no ejercer como acusación es una opción totalmente respetable y hasta acertada para no revictimizar a la menor. Sucede en muchas ocasiones y para la Fiscalía es un voto de confianza de los afectados», señala el fiscal jefe, José Luis Cuesta.
Los dos presuntos autores de la agresión sexual y la detención ilegal de la adolescente se encuentran en prisión provisional desde el pasado día 3, tras una maratoniana declaración en sede judicial. Durante sus interrogatorios admitieron que mantuvieron relaciones sexuales con la chica, pero se escudaron en que las mismas fueron consentidas, como ya avanzó ayer este diario.
Los arrestados, que tienen 19 y 21 años, niegan que introdujeran a la joven por la fuerza en un coche y que la retuvieran en contra de su voluntad y sostienen, como ya hicieron los miembros de la Manada de Pamplona, que el sexo fue voluntario.
Los indicios dicen, sin embargo, lo contrario. Por ello, el juez decidió enviar a prisión a ambos e investigarlos por agresión sexual y detención ilegal ante el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos denunciados.
Ambos son de origen rumano, carecen de antecedentes penales y llevaban unos dos meses en Burriana, a donde habían viajado para trabajar como temporeros en la naranja, según pudo saber este diario de fuentes solventes.
La Guardia Civil, que firmó una actuación contrarreloj, logró identificarlos y detenerlos en un tiempo récord, en plena indignación social por lo ocurrido.
