El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha levantado el secreto de sumario en el caso de la organización castellonense considerada criminal, cuyos miembros fueron detenidos el pasado mes de noviembre y acusados de blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental, como ya avanzó Mediterráneo.

La compleja investigación de la Guardia Civil habla de alrededor de un centenar de víctimas, ocupa 26 tomos y abarca más de 20.000 documentos, según han explicado a este diario fuentes judiciales del caso consultadas.

La trama criminal castellonense se dedicaba, presuntamente, a estafar a través de la concesión de créditos personales y contaba con ramificaciones a nivel internacional y en paraísos fiscales.

COMPLEJO ‘MODUS OPERANDI’

A través de algunas empresas, los miembros de la red hacían de intermediarios de entidades financieras para facilitar préstamos al consumo que justificaban por medio de facturas falsas de sus empresas -algunas fantasma al carecer de actividad- consiguiendo el engaño de las entidades y aumentando el doble del importe que precisaba el particular.

Los cinco principales implicados se encuentran ingresados en prisión provisional en la cárcel de Castellón I desde su detención. Aunque al menos uno de ellos ha recurrido la medida, pidiendo la libertad al considerar la cárcel una decisión «extrema», la jueza instructora ha rechazado dicha salida de prisión, alegando que puede haber posibilidad de huida al extranjero.

«Existe riesgo de fuga, no solo por la gravedad de los hechos y penas que llevan aparejadas, sino por cuanto su situación y circunstancias familiares en nada impiden que pueda destruir pruebas, ocultar datos de interés o que haya reiteración delictiva», señala la magistrada en su auto sobre uno de los encarcelados.

Cabe recordar que otros cinco detenidos fueron puestos en libertad tras sus arrestos. El entramado operaba, en gran medida a través de internet, desde dominios web en los que ofrecían créditos, préstamos, financiaciones, avales y renting, entre otras cosas.

Por lo que respecta a los principales intregrantes de la red, el auto judicial refiere que no les consta medio laboral conocido que justifique su alto nivel de vida y de gastos. Y es que, como ya avanzó este periódico, los cabecillas de la presunta organización delincuencial vivían en residenciales de lujo, conducían coches de alta gama, realizaban viajes de elevado coste y hacían ostentación de una vida que levantó todas las sospechas.